La guerra perdida

La guerra contra las drogas ha sido un fracaso, y continuará siendo un fracaso. Este discurso se ha convertido en una mentira colectiva. Las declaraciones de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia repiten palabras dichas una y otra vez. Ahora le tocó a Petro subir al coro a predicar lo mismo y, como antes, opta por el glifosato y los bombardeos. Mañana constataremos que el consumo no disminuye y que en las grandes ciudades del norte, igual que ayer, se seguirá traficando con la coca.

De la misma manera que Sísifo, dice Camus, “…el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, hace callar a todos los ídolos”. En medio de esta lógica trágica, una y otra vez, la sociedad termina aceptando que es inevitable hacer el esfuerzo para subir la piedra a la cima de la montaña.

Es sorprendente la capacidad que ha tenido la mirada prohibicionista para irse renovando. Se mantiene un discurso que es perverso. Mientras tanto, amparados en las economías ilegales, se consolidan los ejércitos irregulares. Junto con los cultivos de coca siempre habrá grupos armados dispuestos a defenderlos. ¡La guerra continúa!

La primera expresión de la poca eficacia que ha tenido la prohibición es la permanencia, a nivel internacional, del consumo de estupefacientes. Algunos consideran que la guerra contra las drogas comenzó en 1971, con el gobierno de Nixon. En sus palabras, la adicción a las drogas “es el enemigo público número uno de Estados Unidos”. Para otros, la guerra fue lanzada por el presidente Reagan en 1982. Y durante estos años, abundan los análisis que muestran escepticismo frente a la conveniencia de este tipo de medidas.

En 1991, en su crítica a la guerra contra las drogas, Friedman afirmaba de manera enfática: “…la violencia es causada por la prohibición y por nada más”. Hace 35 años proponía lo evidente. Buscaba evitar que se eternizara el absurdo. Y hoy, como antes, el prohibicionismo sigue creando las condiciones propicias para que se acentúe la violencia. Pese a los esfuerzos por combatirlo, el narcotráfico permanece. En este proceso ilegal participan agentes privados y públicos, órganos de control, policía y ejército. El negocio es posible porque todos tienen su cuota, y la cadena de corrupción no se interrumpe.

El fracaso de la lucha contra las drogas se observa en las calles de las grandes ciudades, en las selvas de Colombia y en el tráfico internacional. Los bancos y los paraísos fiscales continúan lavando los dineros de la coca. La mentira colectiva se adorna con declaraciones periódicas, y finalmente inútiles, en contra del sistema financiero que esconde dineros mal habidos. A pesar del reconocimiento del lavado de activos y de la evidencia de los paraísos fiscales, no se toman decisiones que lleven a modificar tal estado de cosas.

Trump, como juez imperial, impone la lógica causal que subyace a su norma moral. En el caso de la droga, el demandante no es culpable, y toda la responsabilidad es del oferente. Pero cuando se trata de otros negocios, como el de las armas, los productores no son culpables. La maldición de la hoja de coca contrasta con la actitud complaciente frente a la producción y comercialización de armamentos.

El gobierno colombiano nunca ha puesto en duda la moralidad imperial. Tampoco lo pudo hacer Petro, que humildemente ha tenido que aceptar la tragedia de Sísifo y, otra vez, el “pueblo” seguirá sufriendo los males derivados de la inútil guerra contra las drogas.