Analistas

Crece el abuso del derecho

Después de la recesión económica de finales de los 90, el país ha avanzado en materia económica y social de manera evidente, gracias a la actividad empresarial, generadora de desarrollo y empleo. La Seguridad Democrática, el manejo ortodoxo de la macroeconomía y políticas públicas de incentivo a la inversión han dado combustible a este resultado.

Es así como el PIB hoy es el doble que en 2002; el ingreso per cápita del país creció más de 50%, la inversión extranjera directa por año se multiplicó en este mismo período más de 7 veces; pasamos de construir menos de 90.000 viviendas formales anualmente a más de 170.000 unidades; la infraestructura por fin entró en un proceso de desatraso, especialmente en los últimos cinco años; se construyeron más hoteles que los edificados en los anteriores 50 años; y lo que es más relevante, la pobreza se redujo a cerca de la mitad, cuando estaba en 50% de la población.

Pues bien, este alentador panorama hoy cuenta con nubarrones generados por un menor crecimiento económico, mayor inflación, aumento de las tasas de interés, incertidumbres institucionales, como la ineficiente administración de justicia y la inestabilidad normativa. En ese sentido, se han dado las condiciones para que personas inescrupulosas, y hasta carteles, se hayan especializado en prácticas que mediante el abuso del derecho, entorpecen la actividad empresarial en varios sectores de la economía, tal como sucede en la construcción de infraestructura y de edificaciones.

  Si bien está prevista la participación de comunidades y actores que puedan tener interés en el desarrollo de las grandes obras de infraestructura que requieren las regiones y el país como un todo, Colombia no ofrece garantías suficientes a inversionistas ni a autoridades, para asegurar que una vez iniciadas las obras, habiendo cumplido los requisitos, las mismas no se suspendan vía acciones administrativas o judiciales, interpuestas por personas que pudieron haber participado e incluso que lo hicieron, durante las consultas previas y trámite de las licencias otorgadas.

Casos como la demora en la expedición de licencias ambientales por trámites excesivos y gestiones aletargadas o abusos en el trámite de las consultas previas en donde aparecen comunidades inexistentes o crece del número de supuestos afectados al momento del anuncio del proyecto, son absolutamente reprochables. En una buena parte del actual desarrollo vial del país, como ocurre en parte de la Ruta del Sol y en obras de infraestructura eléctrica como el Quimbo y Porce, han llegado asesores a las comunidades, en ocasiones buscando provecho económico personal, utilizando a su favor la importancia de no suspender la ejecución de las inversiones y la ignorancia de los miembros de la comunidad.

 La construcción de vivienda no se salva de esta dolencia. Los constructores locales se ven abocados a situaciones difíciles de solventar y los inversionistas extranjeros se desincentivan por las mismas. Lentitud en los trámites, decisiones ilegales, injustas e inestabilidad jurídica están a la orden del día. Casos como el de Pedro Gómez, a quien con una acción de tutela le fue suspendido por tres años, como medida cautelar, un proyecto inmobiliario que contaba con licencia de construcción en firme, entre otros, no pueden seguir ocurriendo, so pena de frenar el crecimiento de la actividad de construcción, la que ha sido uno de los motores para que el país haya mejorado su situación en los últimos años.