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Seguro de desempleo y reforma a las cesantías

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Anif ha sido de la opinión que Colombia no requiere reformar jurídicamente su actual esquema de seguro de desempleo, sino ponerlo a funcionar por medio de dos mecanismos: i) promoviendo la formalización laboral, a través de desmontar las exageradas cargas parafiscales, que todavía han quedado en niveles elevados del 46% (tras reducirlos en 13,5%, según Ley 1607 de 2012); y ii) evitar que se drenen los ahorros de las cesantías (mediante “mejoras locativas” o desvíos hacia otros gastos). Dicho drenaje sólo debería autorizarse una vez se haya alcanzado una masa de ahorro suficiente para garantizar cubrimientos de al menos 6-12 meses de desempleo.

 
Sin embargo, ha venido cursando en el Congreso una reforma que, en vez de solucionar los problemas de raíz, busca comprometer más recursos asistencialistas y presupuestales en lo que debería ser un sistema de aseguramiento de mercado. En efecto, en noviembre de 2012, fue aprobado en tercer debate en la Cámara de Representantes un Proyecto de Ley que: i) crea un Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (Fosfec); y ii) estructura una red de Servicios de Empleo. 
 
Dicho proyecto se apoya en la Ley 789 de 2002, la cual había, a su vez, creado el Fondo de Subsidio al Desempleo (Fonede), con el fin de “liberar” recursos atrapados en las Cajas de Compensación. La idea es que el Fosfec use dichos recursos para ayudar a financiar aportes a la seguridad social (focalizados en ingresos de 1 SML) y la cuota monetaria del subsidio familiar de quienes quedan cesantes. Como se ve, seguimos con los mismo problemas de siempre: excesivas “destinaciones específicas” que quedan atrapadas presupuestalmente, las cuales no cumplen sus funciones, y que después dan origen a la creación de nuevos fondos para nuevas destinaciones específicas, en un interminable circulo vicioso de informalidad laboral y de asistencialismo.
 
La cobertura actual del sistema de cesantías es tan pobre como la del sistema pensional, del orden de sólo 33% de la PEA. Diversos cálculos nos indican que el grueso de dichos ahorros no cubren siquiera los 3 meses de posible desempleo, pues ellos se han venido drenando, como si se tratara de dineros de bolsillo. Por ejemplo, anualmente cerca del 70% de los dineros depositados en los meses de febrero se han retirado a la altura del mes de diciembre, según Asofondos, para gastos de vivienda (44%) y/o educación (8%). Sólo 35% de dichos retiros han estado amparados por situaciones de desempleo. Mintrabajo había propuesto, con buen tino, que no menos del 50% de los recursos de las cesantías debían estar cubriendo la eventualidad del desempleo, pero el Congreso en “su sabiduría” derrotó dicha iniciativa. 
 
Anif había estimado que sólo aquellos trabajadores que han logrado acumular cesantías por cinco o más años estarían en capacidad de mantener sus niveles de consumo inalterados por períodos de desempleo hasta de seis meses (sin tener que recurrir a otras fuentes). Aquellos afortunados que hayan logrado acumular cesantías por nueve o más años podrían resistir hasta un año de desempleo. Esto señala que ni siquiera la idea inicial del Proyecto de Ley de destinar el 50% de dichos recursos al seguro de desempleo resultaría suficiente.
 
No se compadece entonces estas bajas coberturas contra el desempleo frente a los ingentes esfuerzos que hacen los empresarios al aportar anualmente un salario (con sobrecosto laboral del 8,3% anual) y, además, reconocer ellos directamente un interés del 12% sobre dicho sueldo (aparte de los que les rinden sus portafolios en las AFP). En este sentido, no debe sorprendernos que, en términos históricos, los ahorros de las cesantías hayan estado “pasmados” en niveles de sólo un 1,5% del PIB y cubriendo períodos muy cortos de desempleo. Esto es particularmente peligroso cuando Colombia enfrenta una fase de desaceleración económica (creciendo sólo a ritmos del 4% anual durante 2012-2013) y en momentos en que la tasa de desempleo se estancará en elevados niveles del 10-11%.
 
En síntesis, Colombia ya cuenta con un buen esquema de seguro de desempleo, sólo que las practicas actuales le hacen “trampa” al sistema y no lo dejan operar para el propósito que fue creado. La Ley que cursa en el congreso no sólo no solucionará los problemas estructurales antes comentados, sino que peligrosamente deja la puerta abierta para que le toque al gobierno realizar aportes presupuestales adicionales, como si las presiones fiscales pensionales y de la salud no fueran de por sí ya bastante onerosas.
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