Analistas

Reajuste del Salario Mínimo de 2018

En un par de meses se estará reuniendo la Comisión Tripartita (gobierno, empresarios y sindicatos) para discutir el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) que regirá en 2018. Como es habitual, el desafío consistirá en seguir promoviendo la generación de empleo formal en Colombia, pero manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores, donde cerca del 60% devenga un salario mínimo legal (SML) y un 80% está por debajo de los 2SML (según el Pila). La coyuntura 2017-2018 luce particularmente desafiante, por cuenta de: i) la aún elevada inflación, perfilándose hacia el 4,2% al cierre de 2017 (incluso al 5% la inflación subyacente), desbordando por tercer año consecutivo el rango meta de largo plazo del Banco de la República (2%-4%), convergiendo al 3,3% solo al cierre de 2018; ii) el deterioro del mercado laboral hacia tasas de desempleo promedio del 9,5% en 2017-2018 (vs. 9,2% en 2016), donde el desempleo urbano se ha mantenido persistentemente cerca de un preocupante 11%; y iii) el inicio del período de posconflicto, lo cual seguramente resaltará el tinte político que ha tenido históricamente la fijación del SML al desbordar en cerca de 1 pps lo que Anif ha denominado la “fórmula universal” ( = Var % SML = inflación +/- Productividad Laboral (PL).

Cabe señalar que dicha PL ha venido deteriorándose hacia valores cuasi nulos del 0,3% en 2017 (vs. el promedio del 0,8% de la última década). Ello por cuenta de: i) la desaceleración del crecimiento del PIB-real hacia el 1,8% en 2017 (en vez del 2,2% que venía proyectando Anif antes de conocer el pobre resultado del primer semestre del 1,2% anual); y ii) la mayor dinámica de generación de empleo, al expandirse a ritmos del 1,5% anual durante enero-julio de 2017 (vs. 0.6% un año atrás). Así, al desacelerarse el PIB-real y al acelerarse la generación de empleo, pues se tiene un deterioro en la PL. Todo lo anterior lleva a Anif a recomendar un ajuste del SML que no desborde el 4,5% para 2018, cifra que resulta de sumarle a la inflación (4,2%) unas ganancias de PL del 0,3% (según lo arriba explicado). De ser así, el SML se elevaría de los actuales $737.700/mes a los $779.900/mes. Un mayor incremento del SML tendría el riesgo de mermar la buena generación de empleo que se ha tenido durante 2017, debido a las rigideces estructurales del mercado laboral colombiano.

El próximo gobierno del 2018-2022 deberá estudiar cuidadosamente cómo superar dicha inflexibilidad laboral, siendo los principales escollos: i) los elevados costos no salariales, los cuales bordean el 50% aun después de la reducción de 13.5pp ordenada por la Ley 1607 de 2012; y ii) los elevados costos de despido que enfrentan las firmas (representando casi 60 semanas de salario para trabajadores con más de 20 años de antigüedad; para el caso de 5SML este sobre costo se eleva a $50 millones por trabajador). Otro elemento de presión sobre el SML proviene de las dádivas otorgadas a los maestros y a los servidores públicos, al “calor” de los recurrentes paros de 2016-2017. Recordemos que allí se acordaron: i) alzas acumuladas hasta del 12% real en los salarios de los maestros, más bonificaciones escalonadas del 6%-15% en 2018-2020 (además de mejoras en los gastos de salud y abriéndose el peligroso expediente de entrar a negociar el SGP); y ii) nivelación salarial a cerca de 1.2 millones de servidores públicos, con un aumento retroactivo del 6,75% en 2017 y ajuste salarial del 1% real en 2018.

Una buena razón para que el gobierno se “aconducte” en el reajuste del SML tiene que ver con el Decreto 36 de 2015, a través del cual se estableció un mecanismo de cobertura presupuestal en los casos en que el “deslizamiento” del SML supere el 1% real anual el criterio de la “fórmula universal”. Nótese que dicho desborde histórico ha sido de 0,4% en promedio anual (= 1,2% en SML real – 0,8% en la PL). El gobierno deberá afinar su pedagogía laboral en 2018 de cara al fallo del Consejo de Estado que ahora le exige “explicar y defender los cálculos” detrás de los ajustes del SML, especialmente cuando no se logre un acuerdo al interior de la Comisión Tripartita.