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Relata Mario Vargas-Llosa (2010, “El Sueño del Celta”) la historia del irlandés Roger Casement quien experimentó los horrores de la colonización en el Congo (1884-1892). Y después tuvo Roger que analizar esos horrores del África colonial y compararlos y juzgarlos respecto de lo que ocurría en Brasil (como diplomático que fuera durante 1902-1909) y como jefe de la Comisión de investigaciones de los abusos de la “Casa Arana” (1910-1922) en las zonas selváticas del Putumayo y Amazonas, cubriendo el sur de Colombia (en Leticia) y el norte del Perú (en Iquitos).
En diversos registros de los etnobotánicos, como Richard Schultes y Wade Davis, se ha ahondado sobre el desarrollo de las plantaciones de caucho en los inicios del Siglo XX en las selvas amazónicas, intentando replicar el auge que se observaba en Indonesia y Malasia. En ambos casos cometiéndose crímenes ecológicos y sometimiento de población indígena para que sirvieran como mano de obra forzada en el desarrollo de tales plantaciones. Casement concluyó que esos sistemas coloniales carecían de sentido humano y económico. Así quedó documentando en su informe final en Bruselas, ratificando su rebeldía irlandesa y su apoyo al movimiento independentista de 1910-1916.
Esto le costaría la vida a Casement, al ser ahorcado en la Prisión de Pentoville, en Londres, en 1916. Le había sido negada la petición de clemencia y concluyeron los jueces que Roger se había aliado con fuerzas de Alemania para atacar el ejercito ingles, lo cual en realidad no ocurrió con su participación. Sin embargo, en 1965, su honra fue restablecida al erigirse como un héroe de la causa independentista de Irlanda.
Y todo lo anterior nos sirve de abrebocas para repensar la gran oportunidad que tiene Colombia para emprender, libres de colonialismos, un desarrollo integral de la Orinoquía. Este había sido un tema importante durante los empalmes Duque y Santos. Y hasta Petro lo ha mencionado como parte de su agenda ambiental. Infortunadamente, su implementación luce distante debido a su ideología anti-sector privado. Este es otro episodio de su dilentancia ideológica, tan lejana a las realidades.
Pero vale la pena recabar sobre las bondades referidas al desarrollo de la Orinoquía colombiana, ahora que la consolidación del proceso de paz ofrece esa región como importante absorbente de mano de obra rural. No obstante, su concreción requiere incrementar la dotación de infraestructura vial y fluvial, amen de una verdadera consolidación de la seguridad jurídica sobre tenencia y uso de las tierras agropecuarias. En particular, los desafíos conllevan: i) lograr la absorción de buena parte de la mano de obra desmovilizada; ii) profundizar la inclusión financiera de la población rural; y iii) dotar de infraestructura productiva al campo, tanto en vías secundarias-terciarias como en distritos de riego y centros de acopio.
En la última década, el agro tan solo ha logrado expandirse a tasas promedio de 3% anual, cifra inferior a 4% anual de la economía colombiana conjunto. Ello se explica por: i) crisis de rentabilidad del sector (altos costos de producción y bajos precios pagados al productor); ii) condiciones climáticas extremas en algunas zonas rurales de Colombia; y iii) el llamado Costo Colombia, referido a carencia de infraestructura rural.
El aprovechamiento agro-industrial de la Orinoquía resultaría vital para absorber la mano de obra desmovilizada. Si bien se han superado algunos problemas jurídicos en las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), tener que recurrir al Conpes y a los consejos de ministros para aprobar cada proyecto no luce lo más expedito. Así, la tarea de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) estará supeditada al delicado “equilibrio político”.
Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), intervenir los cerca de 180.000km de la red vial secundaria-terciaria estaría costándole al Estado unos $20 billones (cifra superior a los $12 billones que costaron los proyectos de infraestructura de primera ola de las 4G). La situación presupuestal en este frente es tan precaria, que tan solo se tiene previsto llegar a intervenir menos del 10% de dicha red vial.
También están mermados los proyectos fluviales. El río Meta como arteria de la Orinoquía requiere no menos de $6 billones. Y en el frente ferroviario hemos ido de fracaso en fracaso, donde los concesionarios del Pacífico han abandonado proyectos vitales.
Y, por último, la renovación del parque cafetero, de cara al posconflicto, debería ser apoyada por el Estado al incluir las zonas marginales afectadas por los efectos de dicha guerra. Putumayo, el Piedemonte Llanero, Casanare y las zonas de Cauca y Nariño son áreas con bondades probadas para el desarrollo de cultivos de café y cacao, entre otros productos.
Dadas las buenas perspectivas de la demanda mundial de café en el largo plazo, parece existir espacio para acomodar producciones hasta de 14 millones de sacos/año sin llegar a afectar estructuralmente el precio por debajo de los niveles actuales. Estudios comparativos sobre cultivos alternativos a los estupefacientes ilegales indican que apoyos presupuestales de tan solo 0,14% del PIB anual, por cinco años, lograrían duplicar los apoyos al programa de sustitución de cultivos ilícitos.
