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Con colaboración de Juan Sebastian Joya
En uno de sus últimos actos de gobierno, Santos anunció la constitución de la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) en inmediaciones del municipio de Puerto López, departamento del Meta. Luego de un proceso de concertación entre la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y el concejo municipal de Puerto López, se pudo delimitar un área de 175.000 hectáreas (860 predios rurales) que podrá ser aprovechada mediante la figura de Zidres para el desarrollo de la Orinoquía colombiana.
Recordemos que esta figura, busca atraer inversión privada (materializada en proyectos agroindustriales) a regiones aisladas del país, con altos índices de pobreza y elevados costos de producción-comercialización. Para ello, se habilitó la explotación de tierras baldías de la nación (sin que ello implique titularizaciones) en las cuales pequeños, medianos y grandes empresarios puedan asociarse en proyectos agroindustriales a gran escala.
Anif ha venido repicando (ya por cerca de 15 años) sobre la necesidad de explotar el potencial agroindustrial de esta región del país, adaptando modelos exitosos tipo Embrapa-Brasil al caso colombiano. Como es sabido, una de las principales talanqueras que han encontrado estos macro-proyectos agroindustriales ha sido la atomización en la tenencia de la tierra, resultante del concepto de Unidad Agrícola Familiar (UAF).
La buena noticia es que, por fin, este nuevo modelo de Zidres permitiría ampliar las zonas de explotación agrícola al flexibilizar dicho concepto de las UAFs. Esto resultará vital para darle un impulso material a la estructura productiva de la Orinoquía. Recordemos que las actividades agropecuarias de esa zona tan solo generan un 13% de su PIB-regional frente a 44% que aporta actualmente la minería.
Más recientemente, Anif ha venido resaltando la urgencia de desarrollar la Orinoquía para que sus proyectos sirvan como absorbente de la mano de obra rural desmovilizada resultante del Acuerdo de Paz. Es claro que las zonas del Putumayo, el Piedemonte Llanero y Casanare ofrecen condiciones para expandir cultivos intensivos en mano de obra, incluyendo los del café y el cacao.
Pese a ello, continúan existiendo toda una serie de obstáculos que limitan concretar estos desarrollos en la Orinoquía de Colombia. Por ejemplo, es urgente trabajar en: i) mejorar la conectividad vial-fluvial en la región, particularmente la del río Meta; ii) continuar mejorando las condiciones de seguridad ciudadana; iii) adaptar los suelos para contrarrestar su alta acidez (tal como ocurría con el Cerrado Brasilero); iv) incrementar la cobertura del servicio de electricidad en la región; y v) profundizar en la investigación agronómica de la zona.
En particular, el mal estado (o inexistencia) de la infraestructura vial es uno de los mayores obstáculos al desarrollo de la Orinoquía. Allí, la baja densidad poblacional y las características geográficas de la zona frenan la expansión vial. Recordemos que, en 2015, la ANI planteó adecuar la malla vial del Meta a través de intervenir 340 kilómetros, por un valor de $1.95 billones (de ese entonces).
La verdad es que se tienen muy pocos avances en este frente y, de hecho, no hace mucho se anunció que la conexión Villavicencio-Puente Arimena no se llevará a cabo, precisamente cuando solo faltaban 69 kilómetros del tramo Puerto Gaitán-Puente Arimena. ¿En qué quedó entonces la idea de que era vital el desarrollo de vías secundarias y terciarias para afianzar la paz?
Esta primera Zidres abre la posibilidad de aprovechar la frontera agrícola en otros 7 millones de hectáreas bajo dicha modalidad (principalmente en los departamentos de Meta y Vichada).
No obstante, continúan existiendo grandes áreas improductivas, donde el reciente censo agrícola indica que allí se tienen 40 millones de hectáreas aptas para actividades agropecuarias y de producción de alimentos. Actualmente solo se utiliza un poco más de 7 millones de dichas hectáreas.
En el caso particular de esta Zidres de Puerto López, ahora se está a la espera de que los inversionistas-emprendedores manifiesten su interés concreto por desarrollar esas obras. Se viene hablando de desarrollar proyectos de cultivos maderables (pinos-caucho-latex) y cultivos agrícolas (caña y maíz), pero falta ver si ello llegará a feliz término. Una vez recibidas las propuestas, se procedería a elaborar un Documento Conpes que defina las inversiones públicas complementarias requeridas para impulsar dicho proyecto.
La administración Duque tiene ahora el reto de acelerar todos estos procesos, que resultan vitales para apuntalar la paz y desarrollar la Orinoquía. Allí resultará fundamental que se tenga la adecuada seguridad jurídica sobre la viabilidad del proyecto.
También deberán asegurarse los recursos públicos para proveerse los bienes públicos en esa región, pues de lo contrario los inversionistas no estarían dispuestos a tomar los riesgos del proyecto. Sin estas inversiones no habría fuentes de empleo que garanticen la estabilidad socioeconómica y siempre estará allí la amenaza del regreso de las actividades ilegales.
