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El año 2017 cerró con la mala noticia de la rebaja de un escalón en la calificación-crediticia de Colombia a manos de S&P, dejándonos en la categoría simple de “Grado de Inversión”.
Como es bien sabido, en dicha decisión pesaron crecientes preocupaciones por: i) pérdidas en el potencial de crecimiento hacia valores del 3% anual (vs. el histórico 4,5% por quinquenios), donde el actual ciclo bajista solo permitirá expansiones promedio del orden del 2% anual durante 2016-2018; ii) debilidades en los “déficits-gemelos” externo-fiscal, aún en niveles cercanos al 3,5% del PIB; y iii) alta incertidumbre-electoral sobre cómo habrá de honrarse la Regla Fiscal durante 2019-2022.
En paralelo, ello está causando un negativo “efecto cascada” de degradación sobre la deuda del sector privado, la cual ha perdido desde ya su “grado de inversión”. Esto debido a que, en general, la deuda privada se transa un escalón por debajo de la calificación de la deuda soberana.
Se ha visto afectada particularmente el costo del endeudamiento del sector financiero (en términos relativos), dada la existencia de importantes vasos comunicantes por cuenta del fondeo que provee el sector público al lado pasivo del balance financiero en Colombia.
En su comunicado reciente, S&P reiteró que las rebajas en sus calificaciones al sistema-bancario colombiano obedecían precisamente a este efecto de fondeo público, ahora con degradación de un escalón. Afortunadamente, dicha calificadora aclaró que mantenía inalterada su visión de los bancos que operan en Colombia.
Dicho en otras palabras, las debilidades fiscales del Gobierno se estarían transmitiendo con particular intensidad sobre las entidades con potenciales de riesgo-sistémico (SIFIs), en episodios de tensión financiera. Ahora esas entidades SIFIs han perdido el colchón que les otorgaba el tener “grado de inversión” (cuando el Gobierno estaba uno por encima).
Este tipo de movimientos vienen a poner mayor tensión financiera al país. Recordemos que S&P ya venía anunciando, desde septiembre-octubre de 2017, que le preocupaba el impacto del ciclo bajista sobre la solidez financiera.
Allí ya se refirieron a: i) el deterioro en la calidad de la cartera-crediticia, llegando al actual 4,5% (vs. 3,5% un año atrás) y al 9% si se añaden los castigos que motu-proprio hace el sector financiero (no muy diferente del pico que se tuvo en la crisis de Lehman en 2008-2009); ii) el elevado endeudamiento de los hogares, el cual bordea actualmente niveles récord del 40% del ingreso disponible (superando los niveles de estrés financiero de 2001 pos-crisis hipotecaria); y iii) el estrés adicional de provisiones-castigos de tipo “extraordinario” por cerca de $6 billones provenientes.
Esto conjunto de provisiones extraordinarias explica 3pps del total de 10% que hoy se lee en la “altura de mora” de la cartera corporativa.
En el frente positivo, S&P destaca avances normativos de la Ley de Conglomerados y la resiliencia prudencial de los requerimientos de liquidez y de capital. Sin embargo, también ha expresado su discrepancia analítica sobre el tratamiento que se le viene dando al tema de los activos-intangibles (crédito-mercantil) y la forma en que afecta el índice de solvencia.
Su llamado es a acelerar su convergencia hacia los estándares de Basilea III. Finalmente, S&P advierte sobre deficiencias en la mezcla del fondeo bancario de Colombia, pues nota alta dependencia de los depósitos-mayoristas, que son relativamente volátiles respecto de los depósitos-minoristas.
En síntesis, la degradación de la calificación-crediticia de la deuda pública a manos de S&P generó un “efecto-cascada” de deméritos-crediticios en las calificaciones del sistema financiero colombiano.
Ello es una muestra más de la urgencia de medidas prontas por parte de la nueva Administración de 2018-2022 para preservar nuestro grado de inversión en deuda soberana. De no actuarse con decisión, la actual “cascada” podría convertirse en un “alto y turbulento el oleaje financiero”.
