Analistas

Comisión del gasto público: evaluación del sector educativo

GUARDAR

A finales del año pasado, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al gobierno, pieza vital para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 2018-2022. En dicho informe, la Comisión se mostró preocupada por la brecha existente entre el recaudo tributario, bordeando tan solo 14% del PIB a nivel del Gobierno Central (GC) en 2017, y el gasto público altamente inflexible a la baja de 19% del PIB. Así, la brecha fiscal estructural de Colombia es del orden del 3% del PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando cerca de 2% del PIB (ver Informe Semanal No. 1397 de febrero de 2018).

En efecto, cerrar dicha brecha fiscal de Colombia para estabilizar la deuda pública del GC en sus niveles actuales de 45% del PIB requerirá trabajar de manera conjunta en: i) incrementar el recaudo, implementando una Reforma Tributaria Comprensiva que logre allegar recursos adicionales por al menos un 1,5% del PIB hacia 2022 (o hasta de 2% del PIB al incluir una mayor gestión de la Dian), ver Informe Semanal No. 1398 de febrero de 2018; y ii) reducir el gasto público, donde se tiene un estrecho margen por cuenta de los recortes ya ocurridos y la mencionada inflexibilidad a la baja, donde se destaca el rubro de la educación (cuyo gasto alcanza 3,9% del PIB actualmente). Este es uno de los capítulos más amplios de las recomendaciones de la comisión.
Veamos con algún detalle las recomendaciones allí realizadas en los temas de: atención en primera infancia, la educación media básica y la educación superior.

Atención en Primera Infancia

Pese al papel crucial que cumple la Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI), el acceso a esta permanece fuera del alcance de muchos niños en condiciones de pobreza en Colombia, especialmente en zonas rurales. Por lo anterior, la Comisión recomendó garantizar estos recursos con cargo al presupuesto nacional, pero sin generar “rentas de destinación específica” para así evitar su volatilidad. Además, propuso buscar incentivos para lograr una mayor participación presupuestaria por parte de municipios grandes, intentando “liberar recursos” para aquellos de menor capacidad institucional.

Educación básica-media y la “Jornada Única”

La Comisión sugirió revisar metas de calidad educativa y lograr mejor focalización de dichos programas. En línea con las preocupaciones de Anif (ver Comentario Económico del Día 14 de octubre de 2014), la Comisión pide evaluar el tema de la Jornada Única, pues es bien conocido su alto impacto en mejor calidad educativa, pero también su elevada incidencia fiscal, especialmente cuando estos se fondean vía SGP. En particular, se recomienda su implementación gradual y priorizando las sedes escolares que atienden a la población escolar más pobre.

Cabe recordar que un estudiante colombiano debe cursar durante la educación primaria y secundaria unas 9,800 horas. Esta cifra luce exagerada frente a las 7,475 horas que en promedio se requieren en países Ocde (2016). Cumplir el objetivo del decreto 1205 de 2017 (8 horas-día en primaria y 9 en secundaria) luce casi imposible con los recursos existentes. McKinsey (2017) sugiere fijar el objetivo de 7 horas-día, pero asegurando su buena calidad.

Educación Superior

En este frente la Comisión retoma la sugerencia de estimular la formación técnica y tecnológica, en línea con la visión de Anif al respecto (ver Comentario Económico del Día 24 de agosto de 2017). Se trata de superar el “síndrome de los Doctores con cartón”, pero sin la formación y sin las posibilidades de una carrera profesional.

La oferta de calidad educativa a nivel vocacional en Colombia es pobre y prácticamente está en cabeza pública del Sena. Aunque se ha hablado mucho de su mayor cobertura, en realidad se refiere más al incremento de cursos, pero no de programas focalizados en aprendizajes estructurados por áreas (ver gráfico adjunto).

En síntesis, se requiere ahondar en el diagnóstico sobre mala calidad educativa en Colombia a nivel de entidades públicas. Con miras a ello, el “Premio a la Investigación en Políticas Públicas: Luis Carlos Sarmiento Angulo – Anif” reconoció recientemente la propuesta de investigadores de Fedesarrollo como ganadora del Premio Bienal 2017-2018, precisamente sobre estos temas educativos. Próximamente estaremos divulgando los resultados de esa investigación liderada por David Forero y Víctor Saavedra.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.

GUARDAR
MÁS LR

Agregue a sus temas de interés

MÁS LR

Agregue a sus temas de interés