Tierra: ¿oportunidad o más pobreza?

El Gobierno y los negociadores del proceso de paz con las Farc dijeron en varias oportunidades que el modelo económico del país no se estaba negociando. Lo que estamos viendo con este proyecto es que sí se negoció el modelo económico, y que a través de este proyecto -que de convertirse en ley- no solo se impacta la estructura legal, sino también la agrícola, de infraestructura, la minero energética y la de las hidroeléctricas. Al afectarse estos sectores que tanto han contribuido en forma importante en la formación del presupuesto y por supuesto de su ejecución, impactarán también sectores como el financiero y el de consumo. Este proyecto de ordenamiento social de la propiedad de la tierra es un proyecto el cual, no solo tiene una intención jurídica, sino también económica y social de realizar una modificación de fondo del ‘modelo económico’ del país.

La economía funciona sistemáticamente, y si un sector como el rural es impactado negativamente en su normatividad estructural y jurídica generando desconfianza e inseguridad en las inversiones, crecimiento económico, empleo, inversión, productividad y competitividad terminarán siendo afectados.

Lo que es increíble en estos momentos es que estemos siendo sometidos a cambios estructurales de semejante trascendencia, y corporaciones de nuestra institucionalidad como el Congreso y la Corte Constitucional que muy pronto se verán afectados política y estructuralmente, estén avalando con ligereza lo que posteriormente los va a debilitar. Es como si estuviéramos permanentemente bajo los efectos de la escopolamina institucional, donde todo lo vemos pasar impávidamente creyendo que nada tocará y perturbará los intereses de los colombianos. Lo mismo ocurre con la dirigencia empresarial y los medios de comunicación.

Las primeras lecciones de economía que recibimos nos enseñaban que la tierra, el trabajo y el capital eran los factores esenciales del desarrollo económico. Hoy se añade la innovación y el conocimiento, y dentro de estos , entramos a considerar una nueva economía, que por las limitantes que podría generar este proyecto, el país se alejaría de nuestro interés de alcanzar niveles de desarrollo.

Pero toda acción, todo propósito, todavía responde a una ley universal inmersa en la causa y el efecto. Ser la despensa del mundo en 2050 nos consagra como una potencia en la producción y transformación de alimentos. Ser receptores de conocimiento de la naturaleza, ser re-creadores a través de esa misma naturaleza nos permitirá captar divisas importantes para el crecimiento. Pero para ello, necesitamos energía, infraestructura vial y de comunicaciones, necesitamos recursos, de la minería y del petróleo. 

Lo único claro, es que en este país de extrema riqueza natural, quienes están a cargo del desarrollo y consolidación del acuerdo de paz, con proyectos como éste, van a condenar a la mayoría de colombianos -principalmente campesinos- a vivir en la extrema pobreza.

 Vamos de nuevo hacia una economía cerrada. A la inversión extranjera la estamos desestimulando y le estamos cerrando la puerta con leyes como las dos últimas reformas tributarias aprobadas en 2014 y 2016, y con proyectos de ley como éste. Y al capital nacional, mientras hay otros países que los invitan a regresar para que generen riqueza y oportunidades, como en Chile y Perú, nosotros le estamos diciendo a ese capital nacional en el exterior, que se quede allá; que no venga, y que invierta esos recursos en cualquier otro país, porque aquí las puertas están cerradas para generar ambientes y condiciones favorables para la inversión.

Los escasos recursos del Estado más los apoyos ofrecidos por los gobiernos de la Comunidad Económica Europea, más los que se discuten en el Congreso de los Estados Unidos, no garantizan el cumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno con la guerrilla de las Farc. Necesitamos dinamizar la economía; disminuir el endeudamiento del Estado que ya llega a lo crítico, y con proyectos como éste de reforma rural, se deben prender las alarmas. Este proyecto no debe ser negociable. El  proyecto consolida el proceso de des-institucionalización que se está implantando, estimulado por el acuerdo Gobierno-Farc y por el cual el país votó no.