Canje de deuda y pago de deuda

El presidente Gustavo Petro, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 27 celebrada en Egipto a finales de 2022, presentó un decálogo de acciones para salir de la crisis climática, considerando hasta cierto punto la responsabilidad histórica. Una de las acciones propuestas es salvar la selva amazónica por medio de un aporte de Colombia en las siguientes dos décadas y a la espera del aporte mundial.

Al respecto, tres cooperantes internacionales han venido liderando esa apuesta, Reino Unido, Alemania y Noruega, quienes por más de seis años han sido grandes jugadores en buscar la reducción de la deforestación en la Amazonía, lo que hoy se conoce como Visión Amazonía. Frente al llamado del presidente, la ministra de Ambiente ha venido priorizando y reorganizando la cooperación internacional, el accionar nacional en la materia y el trabajo con las comunidades para atender el llamado.

Posteriormente, el Presidente Petro en el Foro Económico Mundial de Davos, volvió a plantear la propuesta qué para atender la crisis climática era necesario realizar un canje de deuda por la prestación de servicios climáticos, como los que presta la Amazonía. Dicha propuesta, había sido realizada en septiembre del año pasado, en el marco de la Asamblea General de la ONU a manera de reducir la deuda externa para proteger la selva amazónica.

Sin duda alguna, es una propuesta que encaja en una lógica climática global. Definitivamente la selva amazónica es uno de los grandes ecosistemas que hoy permiten que las temperaturas globales no aumenten, a su vez que de manera regional proveen condiciones climáticas adecuadas para la prestación de servicios ambientales y de manera local es sin duda el soporte para las comunidades.

Sin embargo, los recientes acontecimientos nacionales no están en armonía con la propuesta. El crecimiento de la deforestación no da tregua. Adicionalmente, el más reciente informe de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que el país está por encima de 200.000 hectáreas de coca en el territorio nacional y un gran número en la Amazonía, y en ese sentido, los informes presentados por el Ideam en el marco del sistema de monitoreo de bosque y carbono, demuestran que un importante porcentaje de dicha pérdida de bosque es para el desarrollo de cultivos ilícitos.

Sumado a lo anterior, también se están desarrollando actividades de minería ilegal o extracción ilícita de minerales generando un impacto ambiental o social que no se ha cuantificado. No solo es la pérdida de bosque, sino la contaminación del agua, el envenenamiento del recurso pesquero, la destrucción de áreas recuperadas o restauradas, entre otros múltiples impactos, que, a horas de haber celebrado el Día Internacional del Agua, más bien poco que celebrar; excepto quizás la aprobación del Proyecto de Herencia Colombia por parte del Fondo Verde del Clima, un respiro para nuestros parques naturales y el esfuerzo de muchos detrás de ese logro.

Se requerirán múltiples esfuerzos, pero sobre todo lineamientos, reglamentaciones, decretos, leyes, pero sobre todo disposición, que permita evitar esta destrucción.

Si bien el Plan Nacional de Desarrollo, plantea algunos aspectos para combatir la deforestación y otros crímenes ambientales, entre ellos la creación del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales, esto como una apuesta hacia futuro; es una iniciativa similar a otras que en varios gobiernos han venido creándose e implementándose.

Sin embargo, queda un vacío enorme, en relación con los pasivos ambientales o los impactos no gestionados de dichas actividades ilícitas: bosques arrasados, aguas contaminadas y múltiples actividades no parecen tener un responsable.

Enorme tarea viene para el sector industrial, comercial, de servicios, financiero y asegurador, en demostrar cómo es que atienden de manera integral la relación entre los servicios ecosistémicos prestados y sus actividades, marco en el cual se desarrolla el próximo a ser aprobado por el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD, por sus siglas en inglés), pero también en demostrar como esos impactos no gestionados, de unos terceros hoy ilegales impactan su quehacer diario.

La propuesta de articulado de la Ley de Sometimiento, radicado al pasado 16 de marzo, tampoco plantea un mecanismo para resarcir ese impacto en nuestros ecosistemas, y como lo mencioné ha sido demostrado por entidades públicas del orden nacional, que las actividades ilícitas se han lucrado a costa del deterioro de nuestros servicios ecosistémicos. Por lo tanto, debería existir una obligación de pagar esa deuda histórica por la destrucción de nuestros ecosistemas de aquellos que buscan someterse, lo que sería coherente con el planteamiento del presidente Petro en la COP 27 y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de lo contrario, sin pago de deuda no habrá canje de deuda.