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Analistas 14/01/2015

Una propuesta impopular

Rodrigo Botero Montoya
Exministro de Hacienda
La República Más
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La caída del precio internacional del petróleo es la coyuntura propicia para aumentar el precio interno de la gasolina, a través de un impuesto elevado.  Para que no se piense que ha habido un lapsus calami, repito.  Este es el momento indicado para encarecer la gasolina en forma significativa, por medio de un nuevo gravamen.  A pesar de que parece ser una idea contra-intuitiva, procedo a dar los argumentos que la justifican. 

Además de sus ventajas fiscales, la propuesta ofrece atractivos ecológicos, urbanísticos y de salud pública.  El consumo de gasolina para el transporte privado conlleva costos sociales que exceden, con creces, el precio que se paga por el combustible.   Las externalidades negativas incluyen la congestión del tráfico en las ciudades, la contribución al calentamiento global y la contaminación ambiental asociada a la extracción, el transporte, la refinación y la distribución de hidrocarburos.  

Un impuesto alto a la gasolina contribuiría a cerrar la brecha entre los costos  sociales vinculados al consumo de un producto contaminante y el precio que paga el usuario por el mismo.  Se trataría de equilibrar el costo privado y el costo social de utilizar combustibles fósiles. El impuesto sugerido tendría la forma de una suma fija equivalente a dos mil quinientos pesos por galón, en vez de un recargo ad valorem.  El precio al consumidor  fluctuaría de acuerdo al precio internacional del petróleo, pero las oscilaciones en ambas direcciones serían menos pronunciadas que las actuales.   

Se eximirían del impuesto la gasolina de aviación y el fuel oil para usos industriales y para las plantas termoeléctricas.  El precio ajustado por el impuesto sería inferior al que rige en Noruega y otros países europeos.

Esta medida generaría recursos fiscales cuantiosos.  El gobierno nacional podría reducir su dependencia de los dividendos de Ecopetrol, lo cual favorecería las  finanzas de la empresa.  Adicionalmente, aumentaría el margen de maniobra presupuestal para implementar iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida urbana, elevar el bienestar social y diversificar aún más la matriz energética del país.

Lo que se propone es responder con audacia al choque externo que ha recibido la economía.  La magnitud del gravamen sugerido es deliberadamente controversial.   

Se presenta sin atenuantes gradualistas, con el propósito de enfatizar varios temas de política económica.  El país necesita reducir su vulnerabilidad a los altibajos de una materia prima energética.  Por ser el petróleo un recurso no renovable, y en el caso de Colombia, escaso, es recomendable desestimular su consumo por medio del sistema de precios.

El desajuste fiscal producido por la caída del precio del petróleo podría corregirse en buena parte con un impuesto menos distorsionante que varios de los actuales.  

Los recursos obtenidos con el gravamen propuesto permitirían financiar un ambicioso programa para incrementar las exportaciones de productos manufacturados, bienes agropecuarios y servicios.  De esta manera, se lograría diversificar la oferta exportadora.  

Con la respuesta adecuada a una circunstancia adversa, Colombia podría modernizar su aparato productivo, mejorar la infraestructura y fortalecer las exportaciones no tradicionales.

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