Analistas

Tecnocracia y poder político

La organización de un Estado moderno conlleva encontrar la forma adecuada de conducir las relaciones entre técnicos y políticos. Ese equilibrio no se presta a imperativos administrativos o a determinada regla.  Es un proceso de ensayo y error que cada nación debe adelantar en conformidad con su trayectoria histórica y su cultura política. El mayor o menor éxito en delimitar los ámbitos del poder político y las labores técnicas del gobierno marca la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo.

En el Reino Unido, la dirección de la política económica es responsabilidad exclusiva del Chancellor of the Exchequer, el segundo cargo gubernamental de más alto nivel.  Su sede, en 11 Downing Street, es contigua a la residencia del Primer Ministro. Los Ministros de Finanzas de Alemania y Francia ocupan una posición similar de preeminencia en sus respectivos gobiernos. 

En la India, el primer ministro Narandra Modi se abstuvo de renovar el período del gobernador del banco central, Raghuram Rajan, un economista de gran prestigio internacional, cediendo a las presiones del partido de gobierno y de gremios influyentes. Entre los años 2007 y 2015, Argentina tuvo cuatro gobernadores del banco central, durante el  régimen cleptocrático que tuvo Cristina Kirchner.  

En Colombia se ha ido ampliando en forma gradual el margen de maniobra de los cuadros técnicos del Estado y su influencia sobre el diseño de las políticas públicas,  como consecuencia de una creciente madurez institucional. Poco a poco se han ido acordando tratados de límites entre el ámbito de la lucha partidista y el terreno de las actividades técnicas del gobierno. Esto no sucede de manera espontánea. Requiere que la tecnocracia tenga la capacidad para decir No.

A mediados de los setenta, los jefes liberales de las principales regiones del país se reunieron con los ministros liberales para proponer que se aplicara a nivel nacional la fórmula que utilizaban para financiar el partido, gracias a su control de las burocracias locales. La fórmula consistía en descontar del sueldo de los empleados departamentales una cuota mensual obligatoria con destino a las tesorerías regionales. Varios de los ministros políticos accedieron a la solicitud.

Cuando llego su turno para responder a la propuesta, el Ministro de Hacienda y Crédito Público la rechazó de manera tajante. Explicó que por la naturaleza de sus responsabilidades, el personal del Ministerio era seleccionado en base a sus calificaciones técnicas más bien que en razón de su afiliación política. Que si bien no tenía objeción a que los funcionarios hicieran contribuciones voluntarias a los partidos de sus preferencias, el esquema compulsivo propuesto, que equivalía a establecer un impuesto sobre los salarios, era inaceptable.

Este planteamiento fue recibido con cierta incomodidad por los demás ministros; y por supuesto, no les hizo ninguna gracia a los jefes políticos. La reunión concluyó en un ambiente de discordia. Pero dejó establecido el precedente que la política económica era una cuestión de Estado, que no podía convertirse en botín electoral ni estar sometida a las conveniencias partidistas.