jueves, 19 de marzo de 2020

Más columnas de este autor Rodrigo Botero Montoya

Existe una relación estrecha entre la salud y la actividad productiva. Esa relación se hace evidente en la vida cotidiana de las personas. A nivel colectivo, el nivel de la salud pública es un determinante de la calidad del desempeño económico. Este vínculo se pone de presente para quienes, desde el gobierno o desde centros de investigación, se esfuerzan por hallar formas de mejorar el bienestar económico.

Tal vez no sea una coincidencia encontrar la presencia de expertos en salud en la etapa inicial de la formación de la disciplina económica. François Quesnay, (1694-1774), médico de Luis XIV, es el autor de Tableau Économique, una versión temprana de las cuentas nacionales, que se asocia con la escuela fisiocrática francesa. El médico inglés, Sir William Petty, (1623-1687), desarrolló la denominada ‘aritmética política’, es decir, las estadísticas, como un instrumento para formular las políticas públicas.

Tanto las ciencias de la salud como el pensamiento económico han experimentado grandes transformaciones desde esa época. Pero quedan vestigios de esa relación inicial que hacen parte del manejo contemporáneo de la salud pública. Hoy, hay conciencia de que determinados aspectos relacionados con el cuidado de la salud, como la vacunación, la calidad del agua y el diagnóstico oportuno de enfermedades contagiosas, deben cubrir a la totalidad de la población para ser efectivos. A su turno, esto lleva implícita la intervención de la autoridad gubernamental.

Se entiende que las decisiones sobre salud deben estar fundamentadas en criterios científicos rigurosos. Por lo tanto, un sistema de salud moderno debe estar respaldado por recursos económicos cuantiosos. La inversión en salud debe concebirse como parte esencial de la inversión en bienestar económico. Habida cuenta de la movilidad de los gérmenes a través de las fronteras, el control de las epidemias requiere un alto grado de cooperación internacional.

La propagación del coronavirus y sus consecuencias, agravadas por el desplome del precio del petróleo originado en el desacuerdo entre Rusia y Arabia Saudita, constituyen un choque significativo a la economía mundial. Esta es una situación que pone a prueba tanto la capacidad de los gobiernos para manejar emergencias como la eficacia de los mecanismos de coordinación a nivel supranacional. Por ahora, se están cerrando fronteras, se están restringiendo los viajes internacionales y se están adoptando medidas a nivel nacional para limitar las posibilidades de contagio en eventos culturales, deportivos y académicos.

Luego de haber tratado de minimizar la importancia del virus como un asunto de relaciones públicas, Donald Trump ha declarado una emergencia nacional, responsabilizando a los extranjeros y a Barack Obama.

En el intento por enfrentar una crisis de inusitada gravedad, los gobernantes se están viendo obligados a actuar con información incompleta y sin disponer de un mapa de ruta adecuado. Mientras se obtienen suficientes elementos de juicio, lo recomendable es tener presente que la primera responsabilidad de todo gobierno es garantizar la sobrevivencia y la seguridad de sus ciudadanos.

Una vez cumplida esa responsabilidad prioritaria, puede atenderse el objetivo de procurar su bienestar material.