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Es oportuno valorar y defender las reformas económicas e institucionales de los años 90. Durante los últimos 30 años el país ha asimilado, refinado y profundizado esas reformas hasta convertirlas en el contexto aceptado dentro del cual consumidores, productores e inversionistas toman sus decisiones.
Algo similar hacen los analistas que evalúan el desempeño económico del país. Si bien los cambios originados en dichas reformas se han convertido en la normalidad, conviene mencionar aspectos de las políticas públicas actuales que se dan por sentados, para apreciar la transformación que ha tenido lugar.
Colombia, como país semi-industrializado de ingreso medio, tiene la cuarta economía de América Latina. Su aparato industrial es el de mayor tamaño en el espacio geográfico al sur de México y al norte del Brasil. Es un exportador significativo de energía y de servicios de transmisión eléctrica de alta tensión.
Su comercio exterior se ha diversificado y modernizado. Han dejado de existir la licencia previa para las importaciones, así como el control de cambios y las autorizaciones, caso por caso, para las inversiones extranjeras.
Las empresas extranjeras están en libertad para traer sus capitales al país. De igual manera, las empresas nacionales pueden invertir libremente en el exterior. Han desaparecido las empresas estatales de puertos y aeropuertos, así como el monopolio estatal de telecomunicaciones. Está permitida la participación de capital privado en los servicios públicos, en el sistema de salud, la generación y distribución de energía eléctrica, la minería y la explotación de hidrocarburos.
La reducción unilateral de aranceles a principio de la década de los 90 hizo viable la suscripción de acuerdos de libre comercio con las democracias occidentales, acuerdos cuya estabilidad está garantizada por tener el carácter de tratados internacionales. A pesar de las vacilaciones y los obstáculos, se ha logrado avanzar en el proceso de inserción en la economía internacional. La liberalización comercial, parcial e incompleta, beneficia a los consumidores al darles acceso a bienes de mejor calidad y menor precio. Salvo casos patológicos de proteccionismo a ultranza, se observa poca nostalgia por volver a merecer el calificativo del Tíbet de Suramérica.
Además de inducir cambios de mentalidad, las reformas también han dado lugar a cambios en el funcionamiento de la economía hacia un menor dirigismo y un mayor protagonismo del sector empresarial y de la sociedad civil. El sistema de concesiones ha permitido movilizar inversiones cuantiosas para modernizar la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria del país.
A diferencia de lo que sucedió en una nación amiga, donde el nuevo modelo de desarrollo se impuso bajo una dictadura militar, las reformas económicas de los 90 tienen plena legitimidad de origen en Colombia, así como legitimidad de resultados.
Las encuestas de opinión registran el respaldo al Banco de la República y a la empresa privada. También explican la reacción negativa a las propuestas encaminadas a estatizar la economía.