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El año anterior debe enfocarse dentro del contexto de que un gobierno débil de derecha fue sucedido por un gobierno desorganizado de izquierda. Que ese cambio haya tenido lugar sin traumatismos y con legitimidad habla bien de la fortaleza institucional del país. Pero ese salto con los ojos abiertos a lo desconocido da lugar a la incertidumbre. Existen motivos válidos para la preocupación.
Como factores atenuantes pueden mencionarse el hecho de que el poder en Colombia está disperso, el período presidencial está limitado a cuatro años y el ordenamiento institucional no requiere la elección sistemática de gobernantes sobresalientes. Resiste la mediocridad. Iván Duque decepcionó tanto a sus seguidores como a quienes esperaban que lograra desprenderse de los odios del Centro Democrático. Gustavo Petro, soñando con un liderazgo regional y tejiendo elucubraciones, ha resultado tolerable hasta ahora porque sus actuaciones no coinciden con su retórica.
El país está teniendo que acostumbrarse a la desconcertante división de tareas por medio de la cual los integrantes del Pacto Histórico dicen enormidades al tiempo que unos funcionarios sensatos contradicen las declaraciones y tratan de implementar políticas razonables. En el funcionamiento de un esquema excesivamente personalizado, el presidente Petro, indisciplinado e impuntual, prefiere hacer pronunciamientos ideológicos a la tarea pedestre y laboriosa de gobernar. Su estilo gerencial es peculiar.
Para efectos prácticos, la dirección de la política económica ha sido delegada a José Antonio Ocampo. Independientemente de los ocasionales pronunciamientos presidenciales, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República garantizan la estabilidad macroeconómica y la prudencia financiera. Esta no es la manera ideal de manejar la economía ni de promover la confianza de los inversionistas. Pero es menos mala de lo que se temía.
La moderación del gobierno de Petro obedece a factores externos e internos. La estrecha relación con la Unión Europea y Estados Unidos hace inviable una política económica chavista. El país rechazaría el intento de proponer expropiaciones.
Siempre y cuando se conserve el equipo económico actual, lo cual está por verse, es posible aventurar, en forma tentativa, las siguientes predicciones para 2023: Se va a mantener la disciplina fiscal y monetaria. Se va a cumplir la Regla Fiscal pero los déficits fiscales y externos siguen siendo elevados. Gracias a la independencia del Banco de la República, su Junta Directiva hará lo que sea necesario para doblegar el alza generalizada de precios y llevar el nivel de la inflación a un dígito en este año. El ritmo de actividad económica registrará una ralentización. El país seguirá exportando carbón y petróleo y desarrollando sus yacimientos de gas. Los TLC con las democracias industrializadas se mantendrán vigentes.
Este escenario esta condicionado a que prevalezca la sensatez sobre la ideología. De ser así, el país habría hecho una transición suave hacia un régimen de estilo social democrático más bien que hacia la izquierda estatizante bolivariana.
