Cooperación militar ilimitada. Fronteras abiertas

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La soberanía es el poder real de un Estado para imponer su autoridad dentro de su territorio. Todo lo demás es retórica. Y si aceptamos esa definición, hay una verdad incómoda: en buena parte de Colombia la soberanía estatal ha sido reemplazada por la soberanía criminal. Sí. Allí donde un grupo armado decide quién entra, quién sale, cuánto paga el comerciante, qué mina funciona, qué carretera puede utilizarse o qué joven debe enrolarse, no gobierna la República. Gobierna la arbitrariedad financiada por cocaína, minería ilegal y extorsión.

Por eso resulta extraño escuchar que la cooperación militar con Estados Unidos “amenaza nuestra soberanía”. ¿Cuál soberanía? ¿La que ejercen quienes convierten territorios enteros en empresas criminales?

Entendido esto, solo hay un dilema posible: nos aliamos sin complejos con un Estado legítimo, poderoso y también víctima del narcotráfico para recuperar el territorio, o seguimos permitiendo que narcotraficantes y terroristas gobiernen a miles de colombianos. Algunos responden que Estados Unidos podría violar derechos humanos. El argumento desconoce que la guerra cambió. Para destruir una estructura criminal ya no es indispensable ocupar físicamente un territorio. Inteligencia satelital, drones, vigilancia aérea, ciberinteligencia, interoperabilidad y tecnología de precisión permiten desplegar una capacidad militar devastadora contra las estructuras ilegales sin convertir nuestras montañas en territorios de ocupación extranjera.

Otros advierten que la población civil podría resultar afectada. Por supuesto que debe protegerse. Lo hipócrita es hablar como si hoy estuviera protegida. El desplazado, el confinado, el extorsionado y el menor reclutado ya viven con sus derechos fundamentales suspendidos por organizaciones que no reconocen juez, Constitución ni Derecho Internacional Humanitario. Ahora bien, tampoco necesitamos inventar una alianza militar. El Acuerdo de Asistencia Militar de 1952 es mucho más amplio de lo que algunos recuerdan. Su artículo I permite el suministro de equipos, materiales, servicios y demás ayuda militar; el V autoriza recibir personal del otro gobierno para cumplir las obligaciones del acuerdo; el VI mantiene vigentes los arreglos relacionados con las misiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y el IX obliga a Colombia a tomar las medidas razonables necesarias para acrecentar su capacidad de defensa.

Es decir, existe desde hace más de setenta años una arquitectura jurídica de cooperación. No necesitamos reformar la Constitución para recuperar la Constitución. Lo que necesitamos es utilizar, hasta su máxima capacidad jurídica y operacional, los instrumentos que ya tenemos y las nuevas habilitaciones que válidamente se adopten.

¿Y por qué ahora? Porque esta coincidencia histórica difícilmente volverá a repetirse. Abelardo de la Espriella es presidente y ha asumido el poder con una posición decidida frente a la recuperación del control territorial. Simultáneamente, Estados Unidos ha convertido la lucha contra los carteles en una prioridad estratégica hemisférica y Colombia acaba de profundizar su cooperación militar con Washington. Es ahora o nunca. Fronteras abiertas a la cooperación. Cielos abiertos a la tecnología militar. Ningún límite ideológico al uso legítimo de la fuerza y todos los límites del derecho para proteger al inocente.

“Vencer o morir. Paso de vencedores”. Colombia no necesita conquistar nada. Necesita volver a gobernar lo que ya es suyo.