Menos trámites, más cultura

Colombia padece una profunda paradoja institucional. Mientras nuestros artistas llenan estadios en el planeta, los festivales dinamizan ciudades enteras y la economía creativa aporta $47,8 billones de valor agregado y más de 820.000 empleos -2,89% del PIB nacional según el MinCultura-, el Estado insiste en gestionar la cultura bajo un costoso paradigma: Tratar el arte, la cultura y el entretenimiento como una actividad sujeta a la sospecha burocrática y a la autorización discrecional ignorando ante todo, una industria moderna y altamente competitiva.

Las cifras internacionales demuestran que el entretenimiento en vivo es un motor macroeconómico de primer orden. En 2023 y 2024, la música en vivo y las industrias creativas de Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos movilizaron desde decenas hasta cientos de billones de pesos, soportando cientos de miles de empleos estables y formales. En economías desarrolladas, esta cadena de valor -que integra hotelería, gastronomía, logística y tecnología- cuenta con arquitecturas institucionales diseñadas para propiciar la inversión, no para obstaculizarla y frenarla.

Si analizamos la política comparada de tramitología para espectáculos públicos, el contraste con Colombia es inocultable. En naciones con mercados culturales consolidados, los procesos de habilitación operan bajo el principio de responsabilidad coordinada del Estado y confianza legítima en el privado.

Mientras que en ciudades como Londres o en los grandes circuitos de entretenimiento de Estados Unidos los promotores gestionan marcos regulatorios estandarizados con ventanillas verdaderamente integradas y expedientes únicos por recinto, en Colombia el empresario se enfrenta a laberintos de fragmentación institucional y duplicidad de requerimientos.

En algunas ciudades de Colombia, un productor puede llegar a lidiar con hasta 11 requisitos independientes y un trámite de ocho pasos en la Ventanilla Única de Eventos: desde pólizas y contratos de aseo hasta certificaciones de baños, paz y salvos sectoriales y registros duplicados. El resultado neto es que el empresario nacional termina convirtiéndose en un especialista en derecho administrativo y en un mensajero de carpetas entre secretarías, en lugar de concentrarse en la producción, la seguridad, la innovación de su evento y la creación de más empleo.

No se trata de negociar la seguridad de los eventos culturales, se trata de eliminar la duplicidad de procesos y requisitos que terminan siendo un obstáculo para que sea posible vivir de la cultura en nuestro país. Seamos rigurosos: simplificar jamás significará desregular. Un concierto masivo exige estándares implacables de gestión del riesgo, planes de evacuación, control de aforo y esquemas sanitarios. Eso no está en discusión.

Lo que resulta económicamente ineficiente es la duplicidad de controles. No tiene sentido que un productor deba demostrar una y otra vez ante distintas dependencias lo que el propio Estado ya validó o lo que un escenario debidamente habilitado ya certifica por defecto.

La meta de política pública debe ser radicalmente simple y eficiente: un concierto, una solicitud; un festival, un expediente único; un escenario certificado, sin empezar de cero. Si un recinto ya cumple con las condiciones técnicas y de seguridad, esa certificación debe circular de oficio entre las entidades estatales. La descoordinación burocrática no puede seguir siendo parte de las cargas operativas del sector privado.

Para corregir el rumbo, y crear plataformas de oportunidades en el sector de la cultura y el entretenimiento, en Antioquia acabamos de dar un paso fundamental con la creación del Observatorio de Cultura y Patrimonio, revelando que el departamento albergó 9.514 empresas culturales activas en 2025 -un salto de 38% frente a 2018- y empleando a más de 107.000 personas.

El siguiente paso obligatorio de este Observatorio, replicando las mejores prácticas de medición de impacto económico de los países de la Ocde, será el de cuantificar con precisión quirúrgica el derrame económico de cada evento: ocupación hotelera, impacto en la gastronomía, consumo en comercio y retornos tributarios reales. Cuando el Estado logre dimensionar el valor económico exacto que crea un festival, la discusión dejará de centrarse en los costos del sector y pasará a reconocerse como una política de atracción de capital, generación de riqueza y movilización social para un sector que tiene con que agregar valor a nuestra sociedad, no sólo en términos económicos sino también sociales.

Colombia no necesita menos cultura; necesita menos burocracia cultural. La tributación debe cumplirse, los derechos de autor deben protegerse y la seguridad debe ser impecable. Pero todo eso debe hacerse con instituciones inteligentes y ágiles. Además, si queremos un sector que aporte y tenga las oportunidades para crecer y vivir dignamente, debemos concentrar nuestros esfuerzos en incentivos, acceso a créditos, disminución de trámites, creación de plataformas de oportunidades que articulen la demanda con la oferta, y una disminución de la mentalidad subsidiaria que tanto daño le ha causado al desarrollo del sector.

Menos trámites significan más libertad para crear, más garantías para arriesgar capital y más desarrollo para el país. Esa es la verdadera modernización que exige nuestra economía cultural y creativa.