Más incentivos, menos corrupción

Los últimos días han develado una realidad que desde hace algún tiempo los economistas ya preveían pero que el Gobierno había logrado maniobrar políticamente: nuestro país se encuentra ante una desaceleración inminente caracterizada por una pérdida de confianza del consumidor, fruto del cambio constante en las reglas de juego por parte del Gobierno con las empresas y con los consumidores.

Este Gobierno ha minado nuestra economía con numerosos desincentivos y ha olvidado que la confianza proviene de las verdades económicas, de las realidades sociales del país, de la cercanía de los gobernantes con sus gobernados y del combate transparente y vertical contra la corrupción. El Gobierno olvidó que la corrupción es la peor señal para sus ciudadanos, olvidó que el incentivo económico funciona más que el castigo y por eso, aduciendo de manera simplista la crítica de la Ocde, decidió aumentar la base gravable e incrementar el impuesto sobre la canasta básica, lo cual es una manera facilista y poco innovadora de conseguir un mayor recaudo.

Nuestra balanza exportadora es negativa con casi todos los países con los que tenemos acuerdos; nuestro empleo, toma como ciudadanos empleados a aquellos que venden dulces en los semáforos, que venden frutas a la salida del estadio, que van de cuadra en cuadra arreglando los electrodomésticos de nuestras casa. Usamos la informalidad para inflar las cifras pero grabamos la canasta básica para que paguen impuestos al igual que todos. Estas personas que el Dane cuenta como empleados en sus cifras, no tienen seguridad social, no pueden visitar un medico si se enferman.

El Gobierno ha olvidado también la austeridad y ha crecido desbordadamente en burocracia, creando casi 20.000 cargos nuevos en los últimos años, a la par que crece también nuestra deuda externa, alcanzando 41,7% del PIB. Bien menciona David Ricardo al respecto en su denominada equivalencia Ricardiana que la deuda externa del presente serán los impuestos del futuro. 

Las ultimas cifras económicas reflejan una disminución de la inversión extranjera en los últimos meses de 20,1%, los dividendos de la paz todavía no son una realidad, el pesimismo se toma a los ciudadanos que siguen esperando a que el acuerdo de paz ya firmado traiga consigo esa bonanza económica que tanto predicaron.

El Gobierno debe implementar la ley del incentivo y no la ley del castigo o del corto plazo como lo ha venido haciendo; incentivos para quienes emprenden, incentivos para la inversión extranjera, incentivos para la ciencia, incentivos para que los ciudadanos paguen cumplidamente sus obligaciones. Ese incentivo arranca por disminuir la burocracia y combatir la corrupción. El incentivo, no en términos de subsidios, es el que ha llevado a que muchos países alcancen cifras importantes de crecimiento económico y humano.

Post scriptum: La situación de Venezuela requiere de posiciones firmes por parte de los países democráticos; la diplomacia de la tibieza no es más que una carencia de solidaridad.