La institucionalidad agropecuaria

Cuando se habla del tema institucional agropecuario usualmente se hace referencia exclusiva a las organizaciones del sector encabezadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (Madr) como organismo rector y formulador de las políticas del agro. Este Ministerio, sin duda, debe tener mayor jerarquía dentro del estado y capacidad suficiente de interlocución con otros ministerios, el Congreso, los gremios y las organizaciones campesinas. El Madr se encuentra en la obligación de definir de manera más transparente las reglas de asignación de recursos públicos, dando prioridad a la provisión de bienes públicos,     particularmente la investigación agrícola, y otorgando subsidios con recursos públicos solo a los agricultores de menores ingresos.

La institucionalidad también hace referencia a los organismos adscritos al Ministerio de Agricultura, los cuales comprenden los encargados de poner en marcha la política crediticia como el Banco Agrario, Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías. Asimismo, incluyen al Incoder, que está encargado del manejo de la política de tierras, riego y drenaje y a los organismos que tienen que ver con la investigación agrícola, asistencia técnica y sanidad rural, que corresponden a Corpoíca y el ICA. 

En el debate sobre una nueva institucionalidad, algunos expertos añoran el pasado, olvidándose de los inmensos descalabros financieros que le produjeron al país entidades como el Idema y la Caja Agraria y la poca efectividad que tenía el ICA en la investigación agrícola cuando era un establecimiento público con múltiples funciones. Estos organismos deben tecnificarse, fortalecer sus mandatos y disponer de recursos apropiados para el desarrollo de sus funciones.

Pero, la realidad es que cuando se analiza el tema institucional de la agricultura colombiana, se debe concebir una estructura más allá de las organizaciones propias del sector. Como bien lo expuso en 1993 Douglas North al recibir el Premio Nobel de Economía, las instituciones, en un sentido amplio, comprenden no solo las organizaciones sino, ante todo, las políticas, normas y regulaciones que afectan la actividad económica de un sector. 

Esto significa que al discutirse la arquitectura institucional rural habría que tomar en consideración las políticas monetaria, cambiaria, fiscal y de comercio exterior y la forma como inciden en la actividad agrícola. También, resultan fundamentales las instituciones relacionadas con el transporte y la infraestructura vial, así como las políticas y regulaciones sobre  la seguridad social, pues el bienestar rural depende de la salud, protección frente a riesgos laborales, pensiones y educación que gocen los agricultores y los trabajadores del campo. 

Igualmente, un componente esencial de la organización institucional del agro son las organizaciones gremiales como la SAC y sus gremios afiliados y Fedegán, los cuales deben ser interlocutores válidos de las políticas públicas y representar todas las actividades agropecuarias, incluyendo las desarrolladas predominantemente por los campesinos de menor tamaño. La puesta en marcha de la política de tierras y de Desarrollo Rural Integral previsto en el acuerdo de paz de La Habana y el Pacto por el Agro se beneficiaría de organizaciones agrícolas sólidas y de interlocutores gremiales representativos. En fin, la agricultura en Colombia requiere del fortalecimiento de las organizaciones y las políticas vigentes en las líneas señaladas, lo que daría lugar al surgimiento de lo que se podría denominar como una nueva arquitectura institucional.