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La informalidad laboral en colombia

La formalización laboral se encuentra en el centro de la política pública. Ésta tiene gran variedad de definiciones, que van desde considerar que el incumplimiento de cualquiera de los requisitos laborales establecidos por la ley conlleva a la informalidad, hasta mediciones con indicadores más concretos, como son los relativos a la afiliación a los sistemas de pensiones. Bajo cualquier medición, la realidad es que  dentro de los países de América Latina, Colombia aparece como uno de los países con mayor informalidad laboral.  Cuando se considera como informal a la población económicamente activa no afiliada al sistema de pensiones,  se encuentra que ésta podría alcanzar más de 60% de la población ocupada.

En un reciente seminario promovido por la CAF y el Ministerio de Hacienda se analizaron las barreras para la formalización y las políticas que desarrolla actualmente el Gobierno Nacional. En Colombia se han venido adoptando medidas fundamentales como la Ley del Primer Empleo, el decreto sobre Teletrabajo y la formalización de las madres comunitarias. En particular, se resaltó que un objetivo central de la reforma tributaria que actualmente se discute en el Congreso es promover la formalización laboral y la equidad, antes que elevar el recaudo fiscal y que para lograrlo se está proponiendo reducir las cargas parafiscales sobre la nómina para las empresas, de tal suerte que estimule la creación de empleo.

También se destacaron otras iniciativas dirigidas a promover la formalización. Se hizo referencia al proyecto de ley 185 mediante el cual se busca que aquellos trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo y quienes no alcanzan a hacer ahorros durante su vida laboral para hacerse acreedores a una pensión de salario mínimo, si estén en capacidad de conseguir protección para el retiro con base en aportes a cuentas de ahorro de Beneficios Económicos Periódicos, BEP. El objetivo del proyecto se centra en la formalización de los trabajadores por día de menores ingresos. Para éstos se complementa el Sistema de BEP y los futuros apoyos del Gobierno para complementar sus ahorros para la vejez con su vinculación al sistema de salud y de protección frente a los riesgos laborales. De otro lado, se mencionaron las iniciativas del Gobierno dirigidas a formalizar y extender protección social a ciertos grupos de trabajadores independientes en actividades de la agricultura, como los recolectores de café, transporte, minas, y construcción. Se destacó el caso de los pequeños comerciantes y tenderos a quienes adicionalmente se les debe apoyar con esquemas muy simplificados de tributación bajo el entendido que todos deben aportar.

En términos de las recomendaciones de política se resaltaron los beneficios de la formalización y predominó el hecho de que la transición hacia la formalización laboral debe ser gradual y creciente. Asimismo, se llamó la atención sobre la importancia de promover la educación financiera y se indicó que la inclusión financiera va más allá de la “bancarización” y debe incluir aspectos tales como la protección frente a los riesgos mediante el aseguramiento. Un tema sobre el cual hubo bastante consenso entre los conferencistas es el peligro que pueden traer consigo los subsidios estatales si no están bien diseñados, pues se pueden crear incentivos perversos. Este ha sido el caso en México y en Colombia en el área de la salud, donde no resulta atractivo permanecer en el sistema contributivo. En el mismo sentido se debe evitar que para los trabajadores resulte más atractivo acceder al sistema de BEP antes que permanecer en el Sistema General de Pensiones. También se mencionó que el nivel del salario mínimo desincentiva la formalización.