El Informe sobre Estabilidad Financiera de Colombia preparado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reporta que la salud del sector financiero es satisfactoria. En particular, resalta la labor que viene desarrollando la Superintendencia Financiera y juzga positiva la fusión de la antigua Superintendencia Bancaria con la de Valores. Recomienda el establecimiento de un período fijo para el Superintendente y la prohibición de removerlo sin explicación pública de los motivos de su retiro. Propone otorgarle mayor poder para el manejo de los conglomerados financieros y sus “holdings”. Anota que en el caso de Colombia la regulación financiera está en cabeza del Ministerio de Hacienda y urge su fortalecimiento.
Respecto al sector bancario, considera que su principal riesgo sería la acentuación de la crisis europea y su incidencia sobre el crecimiento económico colombiano y el deterioro del portafolio crediticio. No obstante, documenta que en Colombia la presencia de bancos extranjeros es baja y los préstamos de fuentes externas sólo ascienden al 2.5% del PIB. De otro lado, subraya que el crecimiento del crédito y su concentración podrían convertirse en fuentes de riesgo. Al respecto, destaca que tres entidades (Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda) tienen el 60% de los activos bancarios. También resalta que el 90% de los créditos se otorgan al 7% de los deudores. Con todo, informa que las pruebas de estrés realizadas al sector bancario muestran que dispone de fortaleza financiera, fundamentada en un adecuado régimen de solvencia. Más aun, argumenta que no se vislumbran síntomas de burbujas en los precios de los activos bursátiles, ni tampoco en los de la finca raíz y anota que sólo el 2.8% de los créditos son de dudoso recaudo. Sugiere modificar las reglas de capital adecuado para tomar en cuenta las actividades de los bancos colombianos en el exterior, establecer un calendario claro para la adopción de las normas contables internacionales, Ifrs, el desmonte más acelerado del impuesto a las transacciones financieras y, ante todo, la adopción de los estándares de Basilea.
Sobre los intermediarios no bancarios recalca que los principales son los fondos de pensiones, cuyos activos alcanzan el 20% del PIB. Al respecto, sorprende que en el Informe no se hubiese analizado el comportamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones, ni adelantado recomendaciones sobre el sistema pensional colombiano. Respecto a la supervisión de valores considera que, en líneas generales, la Superintendencia dispone de los poderes suficientes para desarrollar sus funciones. Asimismo, recomienda una mayor vigilancia y seguimiento de las operaciones de las casas de bolsa, y mejorar el acceso a liquidez para estos intermediarios por parte del Banco de la República. En cuanto a los seguros hace referencia al fortalecimiento del régimen de solvencia, aunque recalca que éste todavía no corresponde a lo preceptuado en Solvencia II. Afirma que la industria aseguradora es competitiva, rentable y bien capitalizada, pero anota que los índices de penetración son bajos frente a otros países emergentes. También resalta la importancia del enfoque de supervisión basada en riesgos y de disponer de instrumentos de inversión de largo plazo, así como de resolver los problemas del vínculo de las pensiones al salario mínimo, lo que dificulta la expedición de rentas vitalicias.
En fin, el Informe destaca que Colombia dispone de un sistema financiero sólido y de unas instituciones de regulación y supervisión financiera adecuadas. En el cuerpo del trabajo hace un diagnóstico detallado del cumplimiento de los principios de supervisión para bancos, seguros y valores, que se deben estudiar en detalle e implementar acciones correctivas para solucionar las fallas observadas. Se urge analizar también el tema del sistema de pensiones.
