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Economía política y pensiones

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Roberto Junguito

La gran reforma histórica a las pensiones fue la ley 100 de 1993 que creó el sistema dual hoy vigente, al constituir el sistema de ahorro con capitalización de los fondos privados al lado del sistema de reparto del Instituto de los Seguros Sociales ISS. Aunque el objetivo inicial había sido reemplazar el sistema entonces vigente con otro de capitalización manejado exclusivamente a través de fondos privados, el resultado del proceso político en el Congreso fue el sistema dual vigente. La siguiente reforma de gran calado fue la Ley 797 del 2003 de la Administración Uribe que aumentó la tasa de cotización, el número total exigido de semanas cotizadas y creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esta se complementó en 2005 cuando se crearon los Beps y eliminaron los regímenes privilegiados.

A comienzos de 2011 el Presidente Santos anunció que su gobierno presentaría un proyecto de reforma pensional al Congreso. Aunque entonces se aprobaron iniciativas parciales como la pensión familiar y la cotización por días, la realidad es que durante dicha Administración no hubo la voluntad política de presentar un proyecto integral de reforma a las pensiones. A finales de esa Administración se convocó a la Misión del Gasto y la Inversión Pública. Esta volvió a insistir en la prioridad de adoptar una reforma pensional y se logró un consenso sobre la conveniencia de ajustar los parámetros como la edad de jubilación y la tasa de cotización, como también la necesidad de hacer más equitativo el sistema, por ejemplo, gravando con impuesto a la renta las pensiones más altas y mediante el fortalecimiento del programa de adulto mayor. No obstante respecto al establecimiento de un pilar solidario hubo diferencias de opinión respecto a si este debería estar a cargo de Colpensiones o a cargo del sistema de ahorro con capitalización de los fondos privados.

Ya en la Administración Duque se ha vuelto a resaltar la importancia de adelantar una reforma pensional y aunque la intención del Ministro de Hacienda era presentarla al Congreso en el año en curso, por la caída de la Ley de Financiamiento quedó postergada para 2020. Para lograr el consenso alrededor de un proyecto de ley se creó una nueva Comisión que ha venido trabajando y, según Asofondos, a buen ritmo. Sin embargo, de antemano, el gobierno ha dicho que no aprobará modificaciones a los parámetros de edad de jubilación y tasa de cotización y el Presidente ha informado que la prioridad oficial es aumentar la cobertura. Esta posición contrasta con las recomendaciones de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la de organismos multilaterales como el BID y la Ocde que si consideran importante modificarlos.

En estos días, los grupos financieros Bolívar y Sura se han pronunciado en favor de unificar los dos sistemas sin especificar muy claramente cómo lograrlo. La experiencia histórica resalta la dificultad de aprobar reformas pensionales. Cabe preguntarse qué factores de economía política explican que tanto la Administración Gaviria como la de Uribe Vélez hayan podido aprobar reformas pensionales estructurales, pero que ni Pastrana, ni Santos lo hayan podido hacer. Una economía política acertada ayudaría a que la Administración Duque pueda consolidar la reforma en 2020. Queda entonces pendiente verificar si el Gobierno tendrá la voluntad y capacidad política de lograr su aprobación.

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