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La Exposición de Motivos de la Ponencia para primer debate proyecto de Ley no. 240/2018 (Cámara) y 197/2018 (Senado) “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones” dada a conocer hace algunos días resume muy bien cómo se dio el proceso de acuerdo sobre la ley de financiamiento en el Congreso de la República.
Al respecto, cabe recordar que el proyecto de ley de financiamiento fue presentado por el Gobierno el 31 de octubre de 2018 y que fue solo después de un mes de innumerables debates en el Congreso, dentro del propio Gobierno, en las convenciones gremiales, en foros académicos, en la prensa, entre la opinión pública y, particularmente, entre los congresistas designados para preparar esta ponencia, que surgió el acuerdo entre el Congreso y el Gobierno que está en curso de convertirse en ley de la República.
Desde el ámbito de la economía política, la reacción de la opinión nacional al hacerse público el proyecto original del Gobierno fue de rechazo a la propuesta de ampliar la base del IVA gravando la canasta familiar, aunque en esta se proponía explícitamente proteger a la población de menores ingresos con las devoluciones.
Si bien se esperaba, como de hecho sucedió, que los partidos políticos de oposición rechazaran abiertamente el proyecto del Gobierno, lo sorprendente fue encontrar que los partidos de la coalición también hubiesen expresado su objeción a la ampliación de la base del IVA y, en particular, que el Centro Democrático, que es el partido del Presidente Duque, se hubiese opuesto, desde el primer momento, a gravar la canasta familiar. Desde el ámbito de la economía política un primer interrogante será dilucidar es si el gobierno consultó su propuesta fiscal con los partidos de gobierno antes de hacerla pública.
La documentación sobre la agenda de reuniones y discusiones que tuvieron los ponentes del Congreso suministrada en la exposición de motivos de la ponencia para primer debate que desembocaron en la decisión de no ampliar la base del IVA, ni gravar las pensiones altas y, más bien, concentrar las medidas tributarias en las personas de mayores ingresos y en la necesidad de recortar el presupuesto nacional de 2019 en $6,5 billones para cumplir debidamente la regla fiscal vigente será, sin duda, la gran materia prima para estudiar y entender todos los elementos de economía política que determinaron el acuerdo final a que se llegó en la ley de financiamiento que está en curso de ser aprobada.
Lo positivo después de este mes de discusiones, supresiones, proposiciones y retractaciones es que tendremos la aprobación de una ley de financiamiento que permitirá proveer recursos tributarios adicionales en 2019 que se estima ascenderán a $7,5 billones, si bien esta exigirá austeridad en el gasto público mediante el recorte del presupuesto.
No obstante, debe resaltarse particularmente que el Gobierno, el Congreso de la República y todos los colombianos perdimos la gran oportunidad de haber aprobado una reforma de mayor envergadura como la propuesta originalmente por el Ministro de Hacienda. Los analistas y expertos en años futuros nos dirán en que falló la economía política y porque no se logró aprobar una reforma tributaria más estructural y más acorde con las necesidades de la nación.
