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Los jóvenes que sacaron la cédula de ciudadanía desde el año 2000 fueron los protagonistas en Colombia en las elecciones presidenciales de este año y que prefirieron dejar sus expectativas, miedos y desesperanzas en manos de la coalición, hoy ganadora.
El triunfo se debe en parte al manejo de las redes sociales, en parte a la falta de liderazgo y ausencia de identidad de los jóvenes con los partidos, en parte a la narrativa sobre el pasado donde nada tiene que ver con el Estado fallido de finales del siglo XX y principios del XXI en manos de la violencia y el narcotráfico, pero sí de las expectativas futuras, de inclusión y carencias actuales de la juventud que se suma a la pobreza multidimensional de 17,5%, y ese porcentaje llega a 29,3% con los campesinos colombianos.
Sin duda la tarea más urgente e importante de este Gobierno es convocar y unir a toda la sociedad alrededor de lucha contra la pobreza y, obviamente, la consecución de los recursos que no debe estar centrada en los impuestos pero sí en otras soluciones a problemas muy sentidos, como son el gasto desbordado y la falta de austeridad, que ya comenzó con el cierre de las consejerías, que fue de buen recibo, pero que debe seguir con otros centros de despilfarro, gastos inútiles en todos los ministerios e invitando, con metas concretas, a las otras ramas del poder público a seguir el ejemplo, pues todo suma para ayudar en los programas de los más necesitados.
La segunda acción está en el foco de los empresarios, que son quienes generan los recursos para mantener el Estado a través de impuestos, regalías, divisas y empleos. El Gobierno, de la mano de gremios, debe trabajar en equipo en la identificación y solución de los cuellos de botella, facilitando así la producción, los nuevos emprendimientos, los negocios, las exportaciones, el capital de conocimiento.
Adicionalmente, acordando nuevas inversiones y programas que ya han manifestado los empresarios y gremios que están dispuestos a hacer, donde el país y el Gobierno más lo requiera. Ojalá estas soluciones y alternativas se trabajen con las universidades (que junto con las empresas tienen la mejor reputación en Colombia. Edelman Trust Baromenter 2022) y con la participación de las comunidades.
Por último, y de acuerdo con el estudio de IPSOS realizado para el Center for International Private Enterprise (Cipe), presentado el jueves 18 en el Congreso Oportunidades de Contratación Pública Transparente en la Región Andina, en el caso de Colombia la corrupción se apropia entre $25.000 y $50.000 millones en dinero y otro tanto en costos por ineficiencias del sistema, falta de calidad, competitividad y altos costos por falta de oferentes que prefieren no presentarse a las licitaciones. Importante decir que la suma que se roban es el costo de la reforma tributaria.
El estudio Ipsos Cipe arroja que el nivel de corrupción de Colombia está en 68% y que los empresarios perciben que se han intensificado en los últimos 2 años; que el soborno es un “impuesto aceptado”, que hay que pagar 17% del valor del contrato y que se entiende como “regla de juego en la contratación pública”; y es por eso que 94% de los empresarios han tomado la decisión, en algunas oportunidades, de no participar en licitaciones, por no estar dispuestos a pagar coimas (situación que en Ecuador es de 68% y 83% en Perú).
Así mismo, afirman que el sistema de contratación pública Secop II sí ha ayudado y facilitado la transparencia (64%) pero no así el RUP, que además ha complicado el proceso. En conclusión, con estas tres acciones el Gobierno obtiene los cuartillos para cumplirle a los más necesitados, al Proceso de Paz, incentivar el sector agropecuario y productivo y, de paso, peinar el desgreño.
