La capucha de la discordia

Se escuchan flojos los argumentos con los que la Alcaldía de Bogotá se opone a la propuesta del Gobierno para impedir las capuchas en las protestas. Comparar su uso con el tapabocas o el pasamontañas de los ciclistas es un sin sentido. Los contextos son claramente distintos.

Por fortuna, todo indica que en manos del legislativo, como debe ser, quedará la discusión sobre la prohibición de este tipo de prendas en las manifestaciones. El proyecto de ley que busca regular la protesta social, ya radicado en el Congreso, y cuyo trámite arrastra un historial engorroso, incluye la medida.

El asunto levanta ampolla y emergen las voces que advierten una dictadura de derecha. Sin embargo, la controversia que suscitan aquellos que para hacer público su descontento se niegan a dar la cara exige mucho más que ataques políticos básicos. Se requiere superar los discursos de estigmatización y el concepto de que un Estado que contempla tales cambios es un Estado represivo.

La sociedad no está dispuesta a permitir que se vuelvan a presentar abusos de autoridad, tampoco a seguir presenciando jornadas de terror cada vez que se anuncia una nueva manifestación. Las cifras lo demuestran.

De acuerdo con la encuesta “Policía, seguridad y convivencia en Bogotá” que realizó el distrito, mientras 83% de los consultados considera necesaria una reforma a la institución de la policía, 75% sostiene que nada justifica el uso de la violencia en las protestas por parte de la ciudadanía.

La gente se cansó de los vándalos, y si bien no se puede asegurar que todo encapuchado lo es, combatir a los infiltrados, responsables de desprestigiar el derecho constitucional a manifestarse, demanda escenarios que faciliten su identificación y judicialización. En ese sentido la capucha se convierte en enemiga de la transparencia.

Si el Congreso decide no dar más largas a la discusión y el proyecto de ley logra ser votado en esta legislatura, el Capitolio Nacional vivirá días complejos. Aunque se espera un debate con madurez y altura lo más seguro es que el país deba preparase, de nuevo, para retóricas que polarizan.

Que la capucha de la discordia no nuble la necesidad de poner sobre la mesa un intercambio de ideas responsable con la defensa de la institucionalidad y los derechos de las mayorías. Las calles como escenario de expresión son un activo imprescindible, pero no a cualquier precio.