Educación superior: sin diálogo no hay futuro

El año 2026 comienza con una paradoja inquietante para la educación superior en Colombia y en el mundo: nunca se le ha exigido tanto y nunca se le ha cuidado tan poco. Las Instituciones de educación Superior (IES) están llamadas a ser motores de movilidad social, espacios de pensamiento crítico, nodos de innovación y puentes para el diálogo en sociedades fragmentadas. Sin embargo, hoy operan en medio de tensiones financieras, presiones políticas, fragilidad institucional y un contexto global cada vez más polarizado. En Colombia, la educación superior pública sigue atrapada en una tensión estructural de financiamiento. Los recursos no crecen al ritmo de las demandas, de la inflación ni de la complejidad de la misión universitaria. Con una inflación que cerró en 5,10 %, la llamada canasta educativa (costos operativos, bienestar, investigación, infraestructura, conectividad y talento humano) se encarece de manera silenciosa pero persistente. Hablar de gratuidad sin hablar de sostenibilidad es, en el mejor de los casos, una omisión; en el peor, una irresponsabilidad. A esta presión financiera se suma una amenaza más delicada: el debilitamiento de la autonomía universitaria. En un año preelectoral, las IES aparecen cada vez más en el centro del debate político, no siempre como espacios de deliberación plural, sino como territorios en disputa ideológica. Cuando desde el poder se pretende instrumentalizar la universidad para validar narrativas oficiales, se erosiona uno de los pilares más importantes de la democracia: la libertad académica. Sin autonomía no hay ciencia; sin ciencia no hay deliberación informada; sin deliberación, la sociedad deriva hacia la polarización.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. A nivel global, el sistema de educación superior enfrenta un repliegue del multilateralismo en un mundo atravesado por nacionalismos de las grandes potencias. La cooperación académica internacional, la ciencia abierta y la movilidad del conocimiento se ven tensionadas por lógicas geopolíticas que privilegian la competencia sobre la colaboración. En este contexto, las IES están llamadas a sostener el valor del diálogo intercultural, la cooperación científica y la construcción de bienes públicos globales. Al mismo tiempo, los indicadores sociales envían señales ambivalentes. El porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan ha disminuido, pero no necesariamente porque hayan encontrado empleo digno o acceso efectivo a la educación superior. En muchos casos, la reducción responde a formas precarias de inserción laboral, informalidad o desaliento educativo. Menos “ninis” no siempre significa más oportunidades reales. El riesgo es celebrar cifras sin leer las trayectorias humanas que hay detrás. Frente a este mosaico de tensiones -financieras, políticas, sociales y globales- emerge una clave ineludible: el diálogo. No como consigna retórica, sino como principio estructural de política pública y de gobernanza universitaria. Diálogo entre el Estado y las instituciones, para construir modelos de financiamiento responsables y sostenibles. Diálogo entre gobierno e IES, para respetar la autonomía y proteger la pluralidad. Diálogo entre academia, empresa y sociedad, para alinear formación, empleo y desarrollo. Y diálogo internacional, para evitar que el conocimiento se convierta en rehén de la fragmentación geopolítica.

Si el 2026 quiere ser algo más que un año de transición política, debe comenzar con una decisión clara: poner a la educación superior en el centro, no como instrumento de poder, sino como espacio de diálogo, pensamiento crítico y construcción de futuro compartido. Sin diálogo no hay universidad. Y sin IES, no hay sociedad posible.