En 2015, cada 30 minutos se registraba un caso de delito sexual contra menores de 14 años, hoy se presenta un caso cada 20 minutos. Las principales víctimas son las niñas entre los 10-14 años y los niños entre 5-9 años, es decir. Si sus agresores son en 86% personas conocidas (amigos o miembros de la familia) y 14% personas desconocidas, ¿que está pasando en la salud mental de nuestra sociedad?

Solo cuando los medios hacen públicos casos de abuso sexual a menores de edad se hace visible este flagelo. Se han desmantelado redes de turismo sexual y descubierto casos de pedofilia y violación en las estructuras de diversas instituciones. Sin embargo, el centro de la discusión no debe ser deslegitimar estas instituciones porque no sería la solución, la discusión debe enfocarse en solucionar la permanente vulneración de los derechos a los que está siendo sometida esta población, exigir la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, tener cero tolerancia frente a cualquier tipo de violencia, hacer una evaluación regular de la salud mental para determinar riesgos y prácticas contrarias al respeto por la dignidad humana y que los casos que se presenten se castiguen y no queden en la impunidad.

El sistema internacional, del cual Colombia hace parte, en especial la carta de las Naciones Unidas, en su artículo 55, define que solo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. Así mismo, nuestra Constitución política estableció que nuestros menores son sujetos de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia. La Directiva 007 de 2004 de la Procuraduría fijó la obligación de incluir un capítulo para infancia en los planes de desarrollo de las entidades territoriales; un sin numero de leyes, decretos y resoluciones que se enfocan en la garantía de los derechos de los menores de edad; también se han firmado pactos y desarrollado campañas de no violencia. Es decir, no son normas lo que nos faltan, ni iniciativas de buenas intenciones, es el hacer y el control que permitan materializar las acciones que prevengan la irracionalidad de abominables seres humanos que se atreven a maltratar a niñas, niños y adolescentes.

Satisfactoriamente las entidades anuncian sus indicadores de coberturas de acceso a servicios de salud, alimentación, educación, entre otros, donde todas cumplen sus metas porque las diseñan de acuerdo al presupuesto asignado, no de acuerdo a la población que se debería atender de manera integral; muestran las personas que fueron atendidas, pero no a quienes dejaron de atender por falta de disponibilidad de cupos y servicios. Tampoco se calcula el tiempo y el presupuesto requerido para llegar a la protección de toda la población en fragilidad social que lo necesita.

Por ejemplo, el Icbf cumplió con la ejecución de $6,5 billones durante el año pasado, sin demostrar efectividad en la eliminación de los atroces casos de violencia sexual en menores de edad en el país. La meta en el Plan de Desarrollo es lograr una tasa de violencia de 260 por cada 100.000 niñas, niños y adolescentes entre de 0 y 17 años. Si la violencia es intolerable e inaceptable, la meta debería ser cero. Porque más que números, es la salud mental de las víctimas y las vidas pérdidas.

Es necesario que todas las entidades que atienden familias vulnerables y menores de 17 años realicen evaluación periódica de sus acciones con un sistema de información que consolide la atención integral que debe recibir esta población y luego determinen si cambió su situación, si lograron desarrollar sus capacidades y autonomía para continuar con sus proyectos de vida. No podemos conformarnos con indicadores de cumplimiento del 100% de atenciones. Deberíamos avanzar en indicadores de impacto o los casos de abuso seguirán aumentando cada día sin control alguno.

Hay que actuar, pues las leyes solas no van a transformar la realidad. El Estado debe tomar la decisión de eliminar, rediseñar o crear nuevos servicios para generar las transformaciones que se necesitan. Como sociedad, le estamos fallando a nuestros niños, niñas y adolescentes; está en nuestras manos garantizar su protección en cada rincón de Colombia y que el hogar sea un escenario de respeto, seguridad y amor.