¿Quién educa a los colombianos?

En Colombia se discute permanentemente cómo ampliar la cobertura educativa, pero se guarda un silencio preocupante sobre preguntas mucho más incómodas: ¿quién educa a los colombianos? o ¿quién vigila realmente la calidad de quienes están educando a nuestros jóvenes? Y es que la educación colombiana atraviesa una crisis profunda. La caída de la natalidad, el cambio en las preferencias de los jóvenes y el desmonte de programas como Ser Pilo Paga han golpeado a colegios y universidades. Sin embargo, existe un problema menos visible y posiblemente más grave: la débil supervisión estatal sobre buena parte de la oferta educativa que hoy opera en el país. Mientras el debate público se concentra en la financiación, la cobertura o el acceso, silenciosamente han proliferado instituciones cuya calidad genera serias dudas. No es extraño que periódicamente aparezcan denuncias relacionadas con programas académicos deficientes, incumplimiento de requisitos de grado o prácticas laborales cuestionables al interior de algunas organizaciones educativas. Lo preocupante no es solamente que estas situaciones ocurran, sino que muchas veces permanecen durante años sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes.

El problema es aún más profundo en las regiones. La oferta educativa de calidad continúa concentrada en unas pocas ciudades -Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga- mientras amplias zonas del país dependen de instituciones con menores estándares académicos y escasa supervisión. Como suele suceder, quienes cuentan con menos oportunidades terminan siendo los más afectados por la ausencia de controles efectivos.

Pero lo verdaderamente preocupante es que Colombia parece haber renunciado a regular y supervisar seriamente el mercado de la educación. Mientras algunas universidades son sometidas a rigurosos procesos de verificación, exigencias de infraestructura y estándares permanentes de calidad, otras parecen operar con niveles de vigilancia considerablemente menores. Más extraño aún resulta que, en ocasiones, aun después de denuncias públicas o de la comprobación de irregularidades, ciertas instituciones continúen funcionando sin consecuencias significativas.

La situación adquiere una dimensión adicional cuando se observa la creciente oferta virtual y remota proveniente del exterior. Paradójicamente, mientras las instituciones nacionales enfrentan crecientes exigencias regulatorias, buena parte de la oferta extranjera parece navegar con menos obstáculos. La homologación de programas y el acceso a mecanismos de financiación o capacitación pública merecen una discusión mucho más seria sobre calidad, pertinencia y resultados. No toda internacionalización es sinónimo de excelencia, del mismo modo que no toda institución nacional debe presumirse de baja calidad.

Las dificultades tampoco terminan en la educación superior. En la educación básica y media persisten problemas estructurales relacionados con los sistemas de evaluación docente. Con frecuencia, las evaluaciones son percibidas más como instrumentos burocráticos de control que como herramientas de mejoramiento pedagógico. A ello se suma el riesgo de que factores ajenos al desempeño académico, como relaciones personales o afinidades ideológicas, terminen influyendo en los resultados.

Los principales perjudicados no son las universidades, los colegios ni los reguladores. Son los estudiantes y el sector productivo nacional. Jóvenes que invierten años de esfuerzo y recursos en programas que muchas veces no les proporcionan las competencias necesarias para competir en el mercado laboral. Jóvenes que descubren demasiado tarde que el prestigio de una institución, la calidad de sus programas o el reconocimiento de sus títulos son variables que condicionan sus posibilidades de movilidad laboral y social. Los empresarios, por su lado, terminan siendo víctimas de una oferta laboral que les proporciona pocos beneficios en materia de conocimiento e innovación.

Por eso, el debate no debería centrarse únicamente en si el Estado debe intervenir más o menos en la educación. La verdadera pregunta es por qué ha dejado de intervenir donde más se necesita. Revaluar el papel de vigilancia y supervisión sobre el mercado educativo no implica sofocar la iniciativa privada ni restringir la innovación. Significa garantizar que toda oferta educativa cumpla estándares mínimos de calidad, transparencia y responsabilidad social.

La educación no es un servicio cualquiera: compromete el proyecto de vida de millones de personas y buena parte del futuro productivo del país. Cuando la supervisión desaparece, quienes terminan pagando el costo no son las instituciones, sino los estudiantes y Colombia entera.