Pasar las “ias” al tablero

Uno de los grandes pendientes en materia institucional que tiene el país es el relacionado con la transparencia, eficiencia y efectividad de las llamadas “IAS”; esto es, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, instituciones que, a pesar de los grandes presupuestos que consumen, parecen hacer lo mismo y no cumplen los fines para los cuales fueron creadas.

Y es que los recursos que se destinan a estas entidades -creadas, en términos generales, con el propósito de combatir la corrupción- no se compadecen en modo alguno con los resultados obtenidos. Para 2026, estas tres entidades tienen presupuestos aprobados por poco más de $10 billones, suma que parece no beneficiar en nada a un país en el que, en promedio, se pierden por cuenta de la corrupción, según cifras de la Auditoría General de la República, poco más de $50 billones cada año. Datos más que suficientes para revaluar el funcionamiento e, incluso, la existencia misma de estas entidades.

Hablamos de entidades que, además, cuentan con los instrumentos legales suficientes para desempeñar de mejor manera sus funciones. No obstante, su actuar es paquidérmico. Vivimos en un país en el que el descubrimiento de buena parte de los grandes casos de corrupción tiene su origen en investigaciones desarrolladas por periodistas o ciudadanos que parecen tener mayor capacidad de investigación y análisis que el costoso aparato institucional de dichas entidades.

En muchos casos, incluso, la demostración de los hechos de corrupción por terceros tiene como soporte la información que reposa en los archivos de tales entidades. Su labor, en la mayoría de los casos, es reactiva: llega cuando los recursos ya han terminado en el bolsillo de los corruptos y no existen medios idóneos para recuperarlos. Esta situación se agrava en el caso de la Fiscalía, una entidad que parece no dar abasto con el volumen de casos que llegan a sus manos, permitiendo que la impunidad sea aún más profunda.

A lo anterior debemos -lastimosamente- sumar su cercanía con la clase política del país o, mejor, su dependencia de esta, producto de un diseño institucional defectuoso que las obliga a congraciarse constantemente con políticos y magistrados que hacen parte del problema que deben combatir. Se trata de una clase política -y judicial- que se encarga de llevar a la cabeza de tales entidades a personas cercanas que les garantizan la impunidad deseada, así como la asignación de una buena parte de la nómina.

Como muestra están las múltiples investigaciones (penales, disciplinarias y fiscales) que han cursado a lo largo del tiempo contra funcionarios de los gobiernos de turno y que duermen en los archivos de funcionarios que, endeudados con sus electores, prefieren mantenerlas en el olvido. Otras, por el contrario, se impulsan rápidamente en contra de sus contradictores o de los contradictores de sus electores. A ello se suman los nombramientos de familiares y amigos de quienes los llevaron al cargo. Panorama que se agrava en el caso de las contralorías departamentales y municipales, sumidas desde hace ya muchos años en una profunda crisis de corrupción.

Ante el panorama descrito, es fundamental que el país se cuestione seriamente acerca de la existencia y funcionamiento de tales entidades, la duplicidad de sus funciones, su transparencia y su adecuación real al sistema interamericano de derechos humanos (no el cosmético que se aplicó a la Procuraduría en lo concerniente a la facultad sancionatoria respecto de los elegidos por voto popular). La imperiosa necesidad en la que nos encontramos de recortar el gasto público es una oportunidad para tomar -o retomar- la discusión sobre el modelo de Estado que le resulta útil a la sociedad, así como sobre lo que no sirve o no es susceptible de mejora. En ese propósito, estas tres entidades serían un buen punto de partida.