¿Para qué el Estado?

Con la instalación del nuevo gobierno se ha reabierto la discusión en torno a la necesidad de reducir el tamaño del Estado colombiano, lo que implica la eventual eliminación de entidades y cargos públicos. Se trata de un debate que arrastra una profunda carga ideológica, evidenciada en las diversas posturas que se han manifestado en los últimos días: desde el rechazo absoluto de sectores de izquierda a cualquier medida que implique la disminución de empleos públicos —postura sustentada en la concepción del Estado como garante e interventor, inspirada en la tradición socialdemócrata y en el keynesianismo— hasta las posiciones de corte libertario que promueven una mínima intervención estatal y, en consecuencia, la reducción de un aparato público considerado intrínsecamente ineficiente, costoso y burocrático.

En el fondo, la discusión debería centrarse en responder la pregunta fundamental: ¿para qué el Estado? En función de lo que se espera de él, debería diseñarse su arquitectura institucional, de manera que responda a las necesidades de los ciudadanos dentro del marco constitucional vigente. Conviene recordar que la Constitución de 1991 instauró un modelo de Estado social de derecho que, en materia económica, estableció un sistema mixto orientado a equilibrar la libertad de mercado y la libre empresa con la intervención estatal, cuyo propósito es corregir desigualdades, proteger el interés general y garantizar derechos fundamentales y sociales.

Sin embargo, dicha concepción no se refleja en la práctica institucional ni en la forma de intervención, el tamaño o la eficacia del aparato estatal existente. Basta observar la multiplicidad de entidades con las que deben interactuar cotidianamente los empresarios —y los ciudadanos en general—: notarías, cámaras de comercio, Superintendencias, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República, entre otras. Estas instancias materializan un modelo de intervención que no se corresponde con el mandato constitucional.

El debate público ha sido capturado por una narrativa de izquierda que, en los últimos cuatro años, intensificó el uso del aparato estatal como instrumento para alcanzar fines políticos. La creación de ministerios inoperantes y de miles de cargos sin justificación constituye evidencia de ello. En consecuencia, la discusión ha quedado en manos de quienes conciben el Estado como un mecanismo para todo, menos para aquello que constituye su verdadera razón de ser.

El país enfrenta, por tanto, un Estado ineficiente que se expande bajo la premisa —falsa— de que lo existente no basta para garantizar el cumplimiento de las finalidades constitucionales. Se trata de un Estado que fomenta la creación de entidades, cargos y trámites cuyo propósito parece ser únicamente satisfacer el apetito burocrático de una clase política insaciable. Ello ha llevado a buena parte de la sociedad a interiorizar la idea de que el Estado es la única solución a las deficiencias de un mercado laboral privado que, paradójicamente, se encuentra debilitado por la propia acción estatal. El resultado es un Estado obeso y obsoleto, cuya gestión se reduce al cumplimiento de metas internas vinculadas a trámites que, como es natural, ofrecen escasa utilidad a los ciudadanos.

De ahí la necesidad de replantear la arquitectura institucional del Estado y ajustarla a sus justas proporciones. Se requiere un Estado fundamentado en el servicio público y en la satisfacción de las necesidades de los colombianos, que se adhiera estrictamente al mandato constitucional. Un Estado con el número adecuado de funcionarios, debidamente preparados y eficientes; en el que la meritocracia constituya la regla absoluta, y en el que la dignidad, la formación y la experiencia se reconozcan como pilares esenciales del servicio público. En suma, un Estado cuyo tamaño no sea producto del clientelismo impuesto por la clase política, sino del análisis riguroso y de la respuesta a la pregunta esencial: ¿para qué el Estado?