La Corte no reforma pensiones

La Corte Constitucional no hace reformas pensionales. Tampoco le corresponde decidir cuál debería ser la edad de pensión, la tasa de cotización o el umbral de la cotización en Colpensiones. Esas son decisiones de política pública del gobierno y el Congreso. La tarea de la Corte es otra: determinar si una ley, en su trámite y contenido, cumple los preceptos de la Constitución.

El fallo que declaró exequible la reforma ha generado una discusión intensa y legítima. Yo siempre afirmé que el umbral de 2,3 salarios mínimos era demasiado alto. También se pueden cuestionar otros elementos. Lo preocupante es que esas diferencias terminen convertidas en ataques a la Corte o a sus magistrados. Durante el gobierno pasado criticamos los ataques a las instituciones cuando sus decisiones contrariaban al gobierno. Sería incoherente repetir ahora esa conducta porque una decisión no coincide con nuestras preferencias.

Defender el fallo tampoco significa defender cada detalle de la reforma. Organizar el sistema alrededor de pilares elimina la competencia entre dos regímenes con reglas diferentes y reduce los subsidios a las pensiones altas, un problema de regresividad del sistema anterior. Pero tiene problemas. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, muestra que en el largo plazo el pilar contributivo genera mayores obligaciones fiscales. El Fondo de Ahorro ayuda a administrar la transición pero no elimina el problema de sostenibilidad. También me preocupa el artículo 93, que crea tratamientos especiales para grupos específicos.

Seguramente tendremos que volver a hacer una reforma pensional, pero debería concentrarse en los parámetros y no en reconstruir el sistema: edad de pensión, semanas requeridas y tasas de cotización, entre otros. Son decisiones del Congreso y el gobierno, no de la Corte Constitucional.

Antes hay una tarea más importante: aumentar la cobertura y las oportunidades para que los colombianos puedan construir una pensión. El origen de la baja cobertura está en el mercado laboral y, especialmente, en la informalidad. Millones no logran cotizar porque la legislación es excluyente y no se adapta a las formas en que hoy trabajan muchos colombianos. Necesitamos un mercado laboral más incluyente, con más oportunidades laborales formales. Solo cuando más personas puedan trabajar mejor y cotizar podremos discutir responsablemente mayores aportes o una edad diferente.

Finalmente, hay una consideración de prioridades. Una reforma pensional exige capital político, capacidad técnica y tiempo. El nuevo gobierno recibió, entre otros retos, la crisis de salud, unas finanzas públicas que necesitan recuperar su solidez y una crisis de seguridad. A esos problemas heredados se sumó, justo cuando comenzaba su mandato, un terremoto que obliga a reconstruir las regiones afectadas. Además, deberá prepararse para la llegada del fenómeno de El Niño.

Volver ahora al punto de partida en pensiones significaría agregar otra reforma estructural a esa agenda. La reforma aprobada es imperfecta y tendrá que corregirse. Pero una cosa es perfeccionarla y otra exigirle al nuevo gobierno que vuelva a empezar. Gobernar también implica escoger prioridades, preservar lo que funciona, corregir lo que no y concentrar la capacidad del Estado donde más se necesita.