La retórica de la sospecha

Aquí no hay ambigüedad posible. El presidente de la República decidió sembrar dudas sobre unos resultados electorales que ya pasaron por el filtro institucional: el escrutinio hecho por jueces de la República. Es decir, es una decisión validada dentro del marco legal que él, aun así, opta por desconocer.

Ese gesto tiene consecuencias porque no viene de un candidato inconforme, sino del jefe de Estado, quien debería ser el primer garante de que las reglas se respeten incluso cuando no le favorecen. Lo más grave es que no se trata de un hecho aislado. Es la continuidad de una conducta: cuestionar el sistema, insinuar irregularidades sin pruebas concluyentes y desacreditar a las instituciones que no se alinean con su narrativa.

Mientras lanza acusaciones, llegan los datos que lo desmienten: las misiones de observación internacional acreditaron un proceso con garantías y sin evidencias de fraude.

Lo que sí es notorio, incluso para el más despistado, es la participación política abierta y sostenida de ministros y funcionarios: giras en plena recta final de la campaña, intervenciones que desdibujaron la línea entre gobierno y proselitismo y hasta episodios tan delicados como la exhibición del tarjetón marcado el 31 de mayo.

Ojo: una cosa es gobernar y otra muy distinta es utilizar la investidura para presionar el curso de una elección. La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda, pero hay que hacerla. Si con unos resultados ya validados el presidente decide desconocerlos, ¿qué ocurrirá si el 21 de junio el desenlace de la segunda vuelta tampoco le favorece? ¿Habrá reconocimiento claro o una escalada en la narrativa de fraude? ¿Se facilitará una transición institucional o se prolongará un ambiente de desconfianza que anime incluso un nuevo estallido social? Colombia no está ante una discusión menor. Está ante un pulso entre la institucionalidad y el ego político de quien gobierna.

En ese escenario, el papel de la Registraduría es fundamental. No es un actor político ni un adversario del Gobierno: es la entidad encargada de garantizar que cada voto cuente y que el proceso tenga trazabilidad. Atacarla sin pruebas es debilitar una de las pocas certezas que sostienen el sistema democrático.

Lo mismo ocurre con las comisiones escrutadoras. Allí no hay militancia, hay jueces. Y su función es precisamente cerrar la puerta a la arbitrariedad.

También hay responsabilidad en el resto del Estado. Los funcionarios públicos no pueden convertirse en operadores políticos. La línea es clara en la ley, pero en la práctica se ha ido desdibujando con una naturalidad alarmante. La participación en política desde el poder no solo es indebida, es profundamente desigual frente a quienes compiten sin esa ventaja.

Al final, lo que está en juego no es una candidatura ni un bloque ideológico. Colombia puede escoger el rumbo que quiera. Puede inclinarse por la continuidad o por el cambio. Pero esa decisión pierde valor si se produce bajo presión, con el aparato estatal inclinado hacia un lado y con el discurso oficial preparando el terreno para desconocer un resultado adverso.

No se necesitan golpes blandos ni duros para asfixiar la democracia… relativizar las reglas, deslegitimar instituciones e invalidar resultados adversos es la forma fácil de acabarla por disolución.