El Estado en sombras

Tres hechos recientes abrieron una grieta peligrosa en la confianza de los ciudadanos. No son simples controversias políticas ni errores aislados: son señales de alarma que nos obligan a preguntar, con crudeza y sin rodeos, ¿dónde está el Estado? ¿De qué lado está? ¿Cómo confiar en quienes deberían protegernos, si cada semana parece haber indicios de cercanía con estructuras criminales?

El mas reciente terremoto lo produjo la investigación periodística de Noticias Caracol, según la cual en el proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor habrían filtrado comunicaciones sensibles del propio Gobierno hacia la guerrilla. Una negociación, que debería ser rigurosa, reservada y controlada por la institucionalidad, terminó convertida en un escenario donde altos funcionarios habrían entregado información estratégica a un grupo armado ilegal. Si se confirma, no solo sería un acto de traición a la Fuerza Pública: sería un golpe directo a la credibilidad de cualquier proceso de paz. ¿Cómo confiar en un Estado que negocia con una mano mientras entrega secretos con la otra?

Detrás de eso está la investigación que hicimos hace tres meses en Noticias RCN y en la que revelamos documentos que prueban que el exdirector del Dapre, también exdirector de inteligencia Carlos Ramón González, prófugo por el escándalo de corrupción en la Ungrd, obtuvo residencia en Nicaragua con apoyo de funcionarios diplomáticos colombianos. Una gestión que no solo contradice la obligación institucional de colaborar con la justicia, sino que sugiere que desde el propio Estado se ayudó a un investigado a asegurarse un refugio mientras la justicia lo buscaba. ¿Puede un ciudadano confiar en un gobierno que facilita la salida de quienes deben responder ante los jueces?

Y luego está el tercer episodio: el tarimazo. El presidente Gustavo Petro decidió subirse al mismo escenario con cabecillas de bandas criminales como parte de su apuesta de La Paz Total. No fue un diálogo discreto ni un intento técnico de acercamiento: fue una puesta en escena pública en la que los delincuentes aparecieron como actores políticos legítimos. La imagen de un jefe de Estado compartiendo tarima con quienes han sembrado terror en los barrios deja una pregunta inevitable: ¿de qué lado está el gobierno? ¿Del de los ciudadanos que sufren la extorsión, el microtráfico y el asesinato, o del de quienes los comandan?

Tres hechos, distintos pero conectados por un hilo común: la sensación de que el Estado está cediendo terreno, autoridad y legitimidad frente a estructuras criminales… o quizá aún más grave: que el Gobierno es cómplice de esas estructuras criminales. Frente a esa sensación, surge el miedo ¿Quién nos protege cuando quienes deben garantizar seguridad parecen más preocupados por pactar, acompañar o incluso favorecer a quienes delinquen?

Son preguntas inquietantes pero necesarias: ¿está el gobierno más cerca de los criminales que de los ciudadanos? Cuando las instituciones protegen a prófugos, se paran en tarimas con delincuentes y filtran información a disidencias, la respuesta se inclina en una dirección que preocupa.

La confianza institucional es un bien frágil. Recuperarla tomará acciones firmes, transparencia real y un compromiso inequívoco con la ley. Porque si el Estado no está del lado de los ciudadanos, entonces el país entero queda a la deriva.