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El discurso oficial presenta avances en pruebas Saber, alimentación escolar, gratuidad, infraestructura, primera infancia y deserción como transformaciones inéditas. Sin embargo, al contrastar cifras y la trazabilidad de las políticas, surge un panorama con apropiaciones, retrocesos y graves omisiones.
El caso de las pruebas Saber 11 es ilustrativo. El Presidente afirmó que durante la pandemia se hicieron más fáciles, lo cual es falso: los estándares psicométricos garantizan su comparabilidad anual y no existen versiones más simples o difíciles. El leve aumento en los puntajes refleja la recuperación pospandemia, no un cambio estructural. Además, la reducción de cobertura excluyó a estudiantes vulnerables, elevando artificialmente los promedios. A nivel territorial, la brecha urbano-rural aumentó de 24,1 a 26,1 puntos entre 2018 y 2024; el Pacífico y la Amazonía mantienen rezagos.
Tampoco es cierto que la deserción escolar haya disminuido. Mientras el promedio entre 2018 y 2022 fue de 3,3%, en 2022-2024 subió a 3,9%. Aunque la tendencia empezó a ceder, sigue por encima de las cifras prepandemia. Por otra parte, miles de estudiantes siguen fuera de la escuela por el conflicto armado. En el Catatumbo, más de 46.000 no reciben clases por desplazamientos, y el reclutamiento infantil aumentó 64% en 2024, afectando sobre todo a comunidades indígenas y afrodescendientes.
El Programa de Alimentación Escolar, PAE, atendía a 5,9 millones de estudiantes en 2022; hoy, cubre apenas a 5 millones, con una desfinanciación que compromete calidad y sostenibilidad. En infraestructura educativa, muchos proyectos presentados como nuevos ya habían sido financiados e iniciados antes, y varios corresponden a reposiciones de aulas, no a ampliaciones reales.
La gratuidad en universidades públicas tampoco es un logro exclusivo de esta administración: se implementó en 2021 y benefició a más de 720.000 estudiantes de hogares vulnerables (92%). El actual Gobierno amplió la cobertura a 902.000, pero el reto central es su sostenibilidad financiera. Más grave aún, los 500.000 “nuevos cupos” anunciados correspondían, en gran parte, a la variación de los ingresos al sistema, y ni siquiera así se cumplió la meta. Paralelamente, miles de jóvenes quedaron sin alternativas ante el debilitamiento del 3, casi la mitad de los estudiantes del país cursa en IES privadas y depende de ese apoyo.
A estos hechos se suman problemas estructurales: presiones sobre la autonomía universitaria, una reforma improvisada a la salud del Magisterio que dejó a docentes sin atención oportuna, y retrocesos en ciencia y tecnología por menor inversión y desarticulación institucional.
Frente a este panorama, son las entidades territoriales las que sostienen gran parte de la política educativa. Bogotá, Valle, Antioquia, Medellín y Barranquilla por señalar algunos ejemplos, destinan recursos propios muy por encima del esfuerzo nacional, mientras territorios con menor capacidad fiscal enfrentan solos los desafíos de cobertura y calidad.
La lección es clara: la educación no es de izquierda ni de derecha, sino de quienes la trabajan con conocimiento técnico y compromiso real. Los avances se miden en hechos verificables y sostenibles, no en discursos que, sin respaldo sólido, debilitan la confianza y muestran poco interés en el sector.
Los equipos deben recordar que también hay que mejorar el producto, contratar mejor optimizando el recurso para no caer en un campeonato en donde vienen a retirarse los grandes jugadores que ya no caben en ligas competitivas por edad
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