Y mientras tanto... de disparar a mandar

Esta es la segunda entrega de Y mientras tanto…, una serie para mirar lo que avanza por debajo del ruido y que, sin embargo, ya está reordenando al país. Esta vez me referiré a la seguridad y la necesidad de superar la idea de que se trata de un simple asunto de derrotar ejércitos o firmar acuerdos nacionales.

Hoy el problema es más complejo: la delincuencia organizada ya no quiere solo confrontar al Estado, prefiere suplantarlo, controlar, regular horarios, cerrar ríos, cobrar extorsiones, reclutar menores, decidir quién circula y quién no. No estamos frente a una violencia que solo confronta al Estado, pretende reemplazarlo.

La confrontación tradicional es fundamental, pero ya no es suficiente. El análisis del Ictj lo resume con precisión: pasamos de una confrontación vertical a una violencia fragmentada, policéntrica y orientada al control territorial y social. La Fip, con base en Acled, lo dijo de otra manera: menos violencia letal, más coerción.

En 2024 bajaron algunos indicadores letales contra civiles, pero aumentaron formas de control menos visibles y más eficaces para mandar, como secuestro, extorsión y restricciones a la movilidad; además, el número de colombianos expuestos a la violencia subió 24% en los primeros 30 meses del actual Gobierno -frente al período comparable anterior-, y los secuestros aumentaron 122%.

Las cifras de 2025 muestran por qué este ya no es solo un debate militar, sino un problema de soberanía cotidiana. De acuerdo con Ocha, más de 1,6 millones de personas fueron impactadas por violencia y conflicto armado el año pasado, tres veces más que en 2024. Hubo más de 155.000 personas confinadas, 96.400 desplazadas y al menos 416 eventos de acceso humanitario restringido. El Cicr advirtió, además, que 2025 iba camino a ser el peor año de la última década en consecuencias humanitarias.

Y ese control ya no es solo humanitario: también es político. Antes de las elecciones del 8 de marzo, la Moe identificó 170 municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia, 81 de ellos en riesgo extremo. Además, 339 municipios presentaban riesgos asociados a factores de violencia y 75 de los 126 municipios en alerta máxima por esa causa hacían parte de las circunscripciones de paz. Es decir: en demasiados territorios la disputa ya no es solo por rentas ilegales o corredores estratégicos, sino por la posibilidad misma de que la ciudadanía vote sin tutela armada.

Por eso ni todo se arregla en una mesa ni se corrige con operativos militares. Sin justicia, inteligencia financiera, protección de civiles y desarrollo local, el Estado apenas entra, hace presencia y vuelve a irse. A cierre de 2025, según la Fip, las estructuras ilegales superaban los 27.000 integrantes, 23,5% más que un año antes. El mensaje es claro: mientras el Estado discute si negocia o confronta, los violentos llevan rato haciendo ambas cosas y, de paso, gobernando.

La próxima política de seguridad debería no solo medir bajas y decomisos, sino también reducción del control social armado, combinar presión operativa sostenida con inteligencia para judicializar redes logísticas, financieras y políticas, y ocupar el territorio con Estado útil: justicia, educación, conectividad, empleo, salud y autoridades civiles con mando real, porque el poder ya no está solo en disparar. Está en mandar.