IA con reglas, no barreras

La capacidad del país para gestionar la inteligencia artificial, IA, no puede obviar ni superar el contexto que le rodea, ni extrapolar sus posibilidades, ni ignorar el creciente interés por su utilización. Existen retos como la conectividad en el territorio y la promoción del recurso humano disponible y especializado para atender las demandas técnicas que se desprenden de su utilización.

La IA es una oportunidad para estimular el crecimiento y fomentar el desarrollo teniendo en cuenta las necesidades del país, su potencial industrial, la capacidad del tejido empresarial, y por ese motivo su regulación debe darse en un espacio de consenso, amplio y multifacético, acompasado con las normativas globales y en la búsqueda de los modelos más competitivos, con una regulación que habilite y no que limite.

Estamos frente a un fenómeno nuevo, disruptivo, que abarca todos los ámbitos de la actividad humana y por tal motivo celebramos la unificación de criterios que busca el Legislativo, que la discusión no sea meramente técnica sino estratégica, que busque su sincronía con la economía digital global sin quedar atrapada en marcos restrictivos y fragmentados que desincentivan la innovación.

No se trata de legislar más rápido, sino legislar bien y de forma acertada. La experiencia internacional indica que la velocidad suele producir marcos incompletos o desbalanceados, que luego deben corregirse con reformas sucesivas y que ocasionan incertidumbre para empresas, inversionistas y usuarios. Se necesita un proceso consultivo, pausado y técnicamente sólido, con guías prácticas, pilotos regulatorios y espacios de prueba.

El debate también pasa por la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. La clave es entenderlo como un órgano consultivo y no como una nueva y poderosa autoridad sancionadora. Su mayor valor debe estar en reunir a todos los actores relevantes -Estado, empresarios, universidades y sociedad civil- para orientar al país, anticipar tendencias y proponer políticas. Si se le cargan funciones regulatorias rígidas, corremos el riesgo de sofocar un ecosistema que apenas empieza a consolidarse. La flexibilidad, más que la rigidez, debe ser la marca de su diseño.

En el plano técnico, la regulación debe guiarse por un enfoque de riesgo y neutralidad tecnológica. No se trata de imponer prohibiciones generales ni de legislar con prejuicios. Lo que corresponde es evaluar cada caso según el nivel de riesgo y el impacto real sobre los derechos de las personas, aplicando obligaciones proporcionales.

Este es el modelo que han seguido países como Estados Unidos y Japón, con marcos graduales que promueven la innovación sin descuidar la protección de los ciudadanos. Colombia no puede quedar rezagada ni caer en la tentación de copiar esquemas excesivamente restrictivos que hoy incluso están siendo revisados por sus altos costos de implementación.

Además, la nueva legislación debe dialogar con las normas existentes. El país ya cuenta con marcos en protección de datos, competencia, propiedad intelectual y derechos del consumidor. La IA no debe duplicar esas reglas ni añadir capas innecesarias de burocracia, sino armonizarse con ellas. La claridad normativa es un incentivo real para que los emprendedores locales innoven y para que la inversión extranjera confíe en Colombia como un destino seguro.