Toda la carne para mí

Fue en Valledupar donde el exalcalde Fredys Socarrás contrató a la firma Springer Von Schwarzenberger por $1.400 millones para estructurar la Escuela de Paz. Ante las críticas, la politóloga sostuvo que entre las labores que había realizado estaba traer invitados como Roy Barreras, Simón Gaviria, el asesor del papa Francisco, Leonardo Boff, y el fiscal del Tribunal para la Antigua Yugoslavia, barón Serge Brammertz, al mejor estilo de la mermelada que permisivamente se ha repartido en este gobierno. Dado este incidente, resulta singular que sea la cuna del vallenato la sede del tercer round de la profunda polémica por fondos que se está dando entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. 

En febrero pasado, los ministros Arce y Cárdenas lanzaron el primer directo a la mandíbula a los alcaldes desde la administración Santos, cuando intentaron arrebatarles $500.000 millones de ingresos de sobretasa a la gasolina. El incidente finalmente se solucionó, pero dejó claras las intenciones de monopolizar cada vez más el control de los fondos desde el gobierno central.

A principios de mayo se dio el segundo golpe, un gancho a las finanzas de los gobernadores, de nuevo desde el Ministerio de Hacienda. En consecuencia, 32 gobernadores emitieron una declaración en la que critican fuertemente la reforma a las regalías que impulsa el Gobierno, en concreto a la reforma constitucional aprobada por la Comisión Primera de la Cámara que destina $1,3 billones para la construcción de carreteras en las zonas que han sido afectadas por la violencia. Los mandatarios se rebelaron en contra de que los dineros destinados para la construcción de vías terciarias, alimentación escolar, contratación, proyectos regionales y posconflicto, sean manejados desde Bogotá con nuevos amigos.

Por su lado, el descontento de los alcaldes se manifestará contundentemente contra el tercer golpe, en la reunión de alcaldes de ciudades capitales del 24 y 25 de mayo en Valledupar. Con razón los alcaldes reclamarán al presidente Santos su olvido de las regiones, donde los burgomaestres han tenido que hacer maravillas para fondear las iniciativas que, sin consideración a las fuentes de fondeo, ha impulsado el gobierno nacional. Los alcaldes han tenido que asumir, con su limitado presupuesto, la carga asistencial de los desmovilizados en las zonas veredales del acuerdo de paz y la implementación del código de policía en las ciudades. La pregunta no es aquí si se deben hacer estos gastos, sino por qué deben fondearla los municipios y no un gobierno central que recibirá $6 billones de recaudo adicional anual por la reforma tributaria. 

Sin embargo, lo que más tiene descontentos a los alcaldes es el desmonte de las contribuciones que desde siempre se han fondeado a nivel central. Por ejemplo, el gobierno central ha dejado de fondear, solamente en Medellín, $18.000 millones en desayunos escolares y se niega a colaborar con el pie de fuerza de la policía para mantener bajo control a la delincuencia y la sobrepoblación carcelaria. Con contratos como el otorgado a la mano derecha del exfiscal Montenegro en Valledupar, sería inocente creer que los fondos deben ser invertidos por el gobierno central para generar menos corrupción. Lo que hay detrás de todo esto en realidad es un intento de arrebato de fondos públicos a las regiones en vísperas de un año electoral.