La corrupción de cuello blanco

La corrupción a todo nivel que vive nuestro país es una preocupación que se vive en todos los medios y clases sociales. Desde el empleado de una empresa privada que adjudica un contrato a cambio de una mordida hasta las intrincadas redes de poder que tejen a nivel gubernamental ciertos ejecutivos para su provecho, la corrupción no solo coarta el bienestar general y el de cada uno de los colombianos sino que genera aquello que coloquialmente se conoce como la cultura del vivo.

La corrupción, a pesar de no ser un fenómeno exclusivo a Colombia, como lo demuestran los escándalos en la FIFA y las Naciones Unidas, tiene sus características propias en nuestro país. Tal como se refleja en el estudio del World Justice Project, que clasifica 102 países de acuerdo con el nivel de aplicación de la Ley y es fondeado principalmente por la Fundación Bill y Melinda Gates (http://data.worldjusticeproject.org/), los factores de mayor preocupación en Colombia son la corrupción en el legislativo (congreso, asambleas y concejos), los increíbles retrasos en la administración de la justicia civil y las deficiencias del sistema carcelario, factores que benefician principalmente la corrupción de cuello blanco.

Las deficiencias en el sistema carcelario son evidentes y responden a problemas en el diseño de la política criminal, al déficit financiero y a la inoperatividad en la resocialización. Además del hacinamiento inhumano que viven muchos de los presos, las deficiencias del sistema carcelario benefician muchas veces a delincuentes de cuello blanco que logran beneficios como la casa por cárcel gracias a la corrupción del sistema judicial y ven en la deficiencia del sistema carcelario la oportunidad de seguir delinquiendo sin estar expuestos a penas privativas de la libertad en circunstancias punitivas.

Los retrasos en la administración de justicia civil también benefician a los más poderosos. Los corruptos con mayor capacidad económica son aquellos que pueden contratar abogados con la capacidad de diseñar estrategias jurídicas para que las acciones procesales prescriban, muchas veces con el apoyo de los propios jueces a cambio de dádivas. Así mismo, la justicia termina priorizando los procesos de quienes tienen los medios por encima de los de la gente del común, cuando a los primeros les conviene.

Por último, solo aquellos que representan intereses suficientemente importantes pueden influenciar de manera criminal al poder legislativo para fines propios. Desde el poder ejecutivo, que utilizando sus mayorías políticas pasa reformas como la disminución del umbral del plebiscito para la paz, hasta los empresarios que logran ventajas competitivas a cambio de votos o fondos para conseguir votos, los intereses particulares de los poderosos se van materializando en la legislatura a costa del interés general. Este tipo de corrupción menos visible golpea de manera mucho más importante el bienestar de los colombianos del común.

Para mitigar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la sociedad, se necesita la presión social de los “buenos” para que se corrijan estos tres males endémicos de nuestra sociedad. Dos de ellos, la oportunidad en el sistema de justicia civil y la infraestructura del sistema carcelario se solucionan con la priorización en la chequera pública, mientras que la corrupción del legislativo requiere del control por parte de la sociedad civil y la oposición a las actividades del congreso, los consejos y las asambleas.