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En una reunión familiar, un amigo cercano a la familia se acerca a la hija de 14 años, después de unos tragos. Envalentonado por los aguardientes, elogia su belleza y le hace una propuesta indecente, animado por una corta conversación de galán. La joven, que a pesar de su corta edad ha recibido la educación necesaria para afrontar la situación, desestima los avances del personaje, que sale en búsqueda de otra víctima.
Un marido celoso que duda del comportamiento de su esposa, la persigue hasta su lugar de trabajo y se instala en una azotea cercana con un fusil. Después de una larga espera, al verla salir inocentemente con sus compañeros de trabajo, en un ataque de celos, alista su fusil, afina la mira y dispara, con tan buena suerte que el tiro sale desviado por unos centímetros. Asustado por su comportamiento, se arrepiente, sin contarle a su esposa sobre el evento.
Un niño de siete años, que está llenando el álbum del mundial, se apropia de la “mona” de un amigo, que le hace falta para llenar página. Justo antes de pegarla en el álbum, su amigo lo visita y, ante el riesgo de ser descubierto, decide devolver la “mona” sin que el amigo se entere.
En ninguno de estos casos el protagonista termina cometiendo un hecho que perjudique a un tercero, gracias a la particularidad de la circunstancia o por un repentino arrepentimiento. Sin embargo, en los tres casos, existió inicialmente la intención de hacer un daño, independientemente del resultado final.
Los casos expuestos siguen la misma lógica que aplicó el gobierno Santos en la polémica con respecto a las preguntas sobre discapacidad a incluir en la versión presencial del censo que se está iniciando. Con la disculpa de no disponer de $20.000 millones, se hizo el de la vista gorda y defendió en los medios, por medio del director del Dane, la no inclusión de las mismas. Una vez acorralado por la opinión pública, finalmente decidió incluirlas, en una decisión que no convence sobre la importancia que le da el Gobierno a la población de tres millones de personas que viven algún tipo de discapacidad.
Sin información confiable, actualizada sobre sus residentes, un Gobierno no puede planificar y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a cabalidad. La decisión de no incluir las preguntas, a pesar de poder interpretarse como un error banal, hubiera tenido consecuencias catastróficas para este segmento de la población de concretarse. Al no incluir en el censo las preguntas sobre discapacidad, los colombianos no hubiéramos podido evaluar la gestión del Gobierno en este sentido, insumo necesario para muchos para definir por que candidatos votar.
El reversazo, bajo presión y a última hora del presidente Santos, corrige la afrenta contra dicha población. Como en las historias descritas, la vergüenza de la niña fue respetada, nadie salió herido de un tiro y la “mona” fue devuelta. Sin embargo, lo que la opinión pública y la población en condición de discapcidad no olvida, es que el Gobierno decidió no incluir las preguntas, que defendió públicamente su posición y que, de no haber sido por la presión ejercida en los medios, hubiera ignorado otra vez a este segmento de la población.
Cabe anotar que tanto población LGBTI como la población campesina no fueron incluidos en este censo. Triste que pase en un país que pregona la inclusión y la paz.
