Reforma tributaria y seguridad

El presidente de la República ha retirado la reforma tributaria, que pretendía recaudar $23,5 billones. Existe consenso entre los economistas que esta era necesaria para dar sostenibilidad al gasto público, fondear programas sociales y mantener el grado de inversión. Sin embargo, una ley tan ambiciosa, requería una estrategia política de alto calibre para alinear los partidos políticos, dar tranquilidad a los sindicatos y evitar la crispación social.

Pero, haber colocado al equipo técnico del Ministerio de Hacienda a realizar “pedagogía” sobre las bondades de la reforma, lo que logró, fue unir a todo el espectro político, incluyendo al partido de gobierno en contra del ajuste fiscal. Mientras, el Ministro del Interior brilló por su ausencia.

En esencia, tenemos una tecnocracia fabulosa, pero con serios problemas de liderazgo, que terminó exacerbando las protestas, las cuales hasta el 28 de abril eran una expresión popular en contra del gobierno. El mismo, que no tuvo la capacidad de explicar a la sociedad, que los nuevos tributos recaerían sobre los estratos 4, 5 y 6 para ser trasladados en forma de subsidios hacia los estratos 1, 2 y 3.

A pesar de la empatía que se debe tener con los promotores del paro, y los ciudadanos que marchaban, el rumbo de los acontecimientos cambió, cuando empezaron los desmanes, ya entrada la tarde. En ese punto, el paro dejó de ser la noticia y los medios de comunicación dirigieron sus lentes, a los enfrentamientos con la Policía Nacional. La situación se tornó violenta en Cali, Bogotá y Medellín donde la Fuerza Pública apenas lograba, controlar con dificultad los disturbios.

Esto, muestra falencias de seguridad ciudadana por parte del gobierno nacional, que no ha logrado que cuerpos de inteligencia, la policía de vigilancia y unidades antidisturbios, se coordinen para anticipar hechos vandálicos. A pesar que esa línea de intervención, esta consignada en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

El caso de Cali es un buen hilo conductor para explicarlo. Los desmanes más fuertes se dieron en los barrios Calipso, Diamante y Puerto Resistencia. Estas jurisdicciones, poseen graves dificultades de seguridad, por ser zonas de influencia de los homicidios que se cometen en esta ciudad. Lo que revela que bandas criminales hacen presencia en esos lugares. Además, el desempleo e indicadores sociales exponen el deterioro de estos lugares, tal como lo estableció el informe del DANE “Toma de decisiones de las ciudades capitales”.

Así, que asumir que los desmanes son un problema de terrorismo urbano de baja intensidad es una tesis reduccionista. De ser asi, los motines estarían focalizados en ataques a instalaciones gubernamentales. Lo que se aprecia es un patrón aleatorio de vandalización y saqueos ubicados en áreas donde hay estructuras delictivas, que instrumentalizan la violencia para posicionarse a nivel barrial.

De esta forma, terminamos en el peor escenario, donde perdimos todos. Los menos favorecidos que no recibirán los subsidios, los sindicatos señalados de la violencia que no provocaron, la Fuerza Pública cuestionada por uso desproporcionado de las armas, además de problemas con el despliegue operacional, y el gobierno entre la espada y la pared.