Privilegio indígena

Parecería que no todos los ciudadanos colombianos estamos sometidos al imperio de la ley. Hay una fracción de la población que se cree por encima del ordenamiento legal y la constitución. Convicción lamentablemente reforzada por el jefe del Estado que ha dado a entender que en nuestro país hay dos clases de ciudadanos: la mayoría, ciudadanos comunes y corrientes, como usted y como yo, y una minoría privilegiada que pertenece a las comunidades indígenas.

No se puede ver de otra manera cuando una cuadrilla de la minga indígena acarreada a Bogotá para participar en el balconazo presidencial tuvo la idea de atacar las instalaciones de la revista Semana. Lo vimos todos: agarraron a palazos al guardia e invadieron las instalaciones de un medio de comunicación argumentando que están “en contra de las empresas mediáticas [que] son actores del conflicto armado, estos disparan con la ‘jeta’, [le] disparan al pueblo colombiano, al campesinado”.

Si esto lo hubiera hecho, digamos, miembros de la asociación colombiana de coleccionistas de carros antiguos estarían ahora todos presos, procesados por lesiones personales, secuestro, violación de habitación ajena y quien sabe que más cosas. Pero no, como fue la minga y se escabulleron cuando la indignación sobre el hecho empezó a crecer, entonces merecen toda la condescendencia del caso. Fue, ahora nos explican, una protesta pacífica que se salió un poco de las manos.

No será en este gobierno cuando se les ponga orden a los abusos de lo que alguien llamó la “oligarquía del resguardo”. Las comunidades indígenas del país no llegan a los dos millones de habitantes, algo así como 4,4% de la población y tienen en este momento derechos sobre 28,9 millones de hectáreas, una cuarta parte del territorio nacional. Y en el presupuesto nacional se les asignan más de un billón de pesos, con 70% del rubro destinado al Cric, la asociación de resguardos del Cauca, de donde provinieron los personajes que asaltaron a Semana.

El estado colombiano desde 1890 les ha ofrecido a las minorías indígenas un marco jurídico especial y la constitución de 1991 les reconoce importantes prerrogativas. Insistir en reivindicaciones históricas por lamentables hechos acaecidos hace quinientos años por un imperio que ya no existe, no tiene mucho sentido. Ahora somos una nación mestiza que formamos parte del canon occidental que, para bien o para mal, define nuestra identidad.

Los indígenas, incentivados por la demagogia gubernamental, corren el riesgo de indisponer a la clase media urbana, la misma ha sido su mejor aliada en la protección de sus derechos. La guardia indígena marchando con los modismos de una columna guerrillera que carga palos en vez de fusiles no ayuda para nada a calmar los ánimos.

Lo mejor sería que las autoridades indígenas, en vez de buscar protagonismos nacionales que jurisdiccionalmente no les corresponden, deberían más bien concentrarse en mejorar la gobernanza de sus territorios en donde el abandono y el desgreño parecen estar a la orden del día.