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¿Mal arreglo o buen pleito?

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Luis Guillermo Vélez Cabrera

Hace unos meses se inauguró la primera línea del metro de Quito. El trayecto, que se contrató en 2015, tiene una distancia de 22 kilómetros y costó unos US$2.000 millones. La obra se ejecutó, según los reportes de prensa, en los tiempos y presupuestos esperados.

Como nota adicional vale la pena mencionar que el contratista era un consorcio compuesto por la empresa española Acciona y por Odebrecht. Sí, el mismo Odebrecht que aparece mencionado todos los días en la prensa.

En el caso del metro de Quito no existe ningún indicio de que la empresa hubiese obrado de manera diferente a como obró en todos los países latinoamericanos: sobornando al que se le pusiera enfrente. De hecho, están probados giros por US$5 millones a cuentas misteriosas en Austria cuyos beneficiarios no están todavía identificados.

Sin embargo, esta columna no es sobre cómo Odebrecht sobornaba gente -eso ya se sabe- sino cómo, a pesar de los sobornos, en casi todos los países las obras de la empresa se han concluido satisfactoriamente, menos en Colombia.

En el caso del metro de Quito, por ejemplo, una vez destapados los escándalos corrupción, la solución fue la salida de Odebrecht del consorcio y la continuación de las obras por Acciona, quien le entregó a los quiteños su metro en el tiempo y en las condiciones acordadas.

En cambio, en Colombia, país de abogados, todo quedó inmerso en interminables discusiones jurídicas, pronunciamientos de los entes de control, acciones populares, conceptos, investigaciones, intervenciones, demandas, tribunales de arbitramento y tutelas. Y las obras ahí, a medias y deteriorándose, mientras los jurisconsultos debaten si el principio de “acta exteriora iudicant interiora secreta” aplica a la frase “a sabiendas” del artículo 1525 del Código Civil o si más bien se debe dar una interpretación de “lex especialis” al parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1882. Ridículo.

El inexistente sentido práctico de las instituciones públicas colombianas, en particular de los entes de control, hace que un problema grave, como un acto de inmoralidad por parte de un contratista, acabe siendo un problema irresoluble, cuyo costo es siempre mucho mayor.

Según la Fiscalía los contratos irregulares de la Ruta del Sol II suman US$20 millones. El valor de la obra se estima en US$1.100 millones, de los cuales la mayoría se le debe a terceros de buena fe. ¿No es obvio que resulta más favorable para el país lograr una conciliación entre las partes que resarza el detrimento patrimonial, pague a los terceros y abra el camino a reanudar las obras, que seguir en discusiones jurídicas eternas por un inciso y una coma? Un mal arreglo -y el que se propone es bastante bueno- siempre es mejor que un buen pleito. La indignación sobre lo ocurrido no debe nublar el buen juicio: quemar en la hoguera a los responsables de esta debacle moral no necesariamente conduce a que millones de colombianos tengan, por fin, la infraestructura moderna que se merecen.

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