Los medios públicos

No es una coincidencia que la televisión en Colombia hubiera sido traída por un dictador. Rojas, en su afán por consolidar un régimen populista calcado del general Perón, implementó del avance comunicacional para tener la oportunidad de llegar a la sala de los hogares sin ningún intermediario.

Lo que hoy los desafectos llamarían la “prensa hegemónica”, que en ese entonces eran diarios liberales como El Tiempo, no le servían para difundir las andanzas del régimen y fueron oportunamente cerrados para ser reemplazados con los noticieros oficiales encargados de promocionar los logros del gobierno de las Fuerzas Armadas.

Tampoco será una coincidencia que el gobierno actual -que es y se cree heredero de ADN rojista, siendo el M-19 un brote espurio de la fracasada Anapo-, intente reencauchar la idea de una prensa oficial para hacerle un baipás a esos medios que le parecen displicentes. La transformación de Rtvc en una máquina de propaganda es, tal vez, la señal más clara de lo que está ocurriendo. No existe ni siquiera una pretensión de objetividad. En el mejor estilo de Pravda o del Völkischer Beobachter de Goebbels la televisión y la radio pública están dedicadas a contaminar con sus aguas negras el universo informativo del país.

Pero eso no es lo peor. El abuso de la prensa oficial para edificar autocracias es un capítulo más del manual del dictador perfecto. A esta iteración habría que sumarle un nuevo elemento que potencia la toxicidad del fenómeno: las redes sociales, o, para ser más exactos, los influenciadores de las redes sociales. Esta es una nueva profesión de pistoleros contratados (lo digo metafóricamente, por supuesto) quienes reciben jugosos estipendios para promover a través del ciberespacio cualquier objeto del capitalismo avanzado, incluyendo figuras políticas como Gustavo Petro.

Los susodichos influenciadores podrán decir lo que quieran en sus redes de seguidores, obviamente dentro de los parámetros de la libertad de expresión democrática. Y lo hacen: la cantidad de basura desinformadora que producen a diario es abrumadora. Pero allá ellos y quienes les creen.

Lo que sí está mal es que se utilicen recursos públicos para financiar la horda. La reciente investigación de El Espectador, donde se evidencia que con los dineros de los contribuyentes se aceitan las bodegas petristas, es nauseabunda. Es el dinero de los colombianos -el mismo que pagamos para mejorar el servicio de salud, educación y seguridad- el que se despilfarra en estipendios para un conjunto de alias cuyo principal oficio es insultar a los ciudadanos que disienten del actual gobierno.

Mirando para adelante, que esto sea una lección. Hay quienes han sugerido el desmonte de los medios públicos para evitar que sean instrumentalizados por el mandatario de turno. O que se les otorgue una independencia institucional, estilo Banrep, que evite el manoseo del ejecutivo. Esto puede ser demasiado. Se puede empezar por prohibir legalmente que en futuro se contraten con los impuestos de los colombianos ejércitos bodegueros para calumniar a los que ejercen su derecho a la oposición.