La crisis económica que se viene

Si esto fuera una pelea de boxeo, la economía colombiana acaba de recibir un jab en la mandíbula acompañado de un uppercut con puño rotado que la tiene tambaleante sobre las cuerdas con un serio peligro de caer en el piso para un nocaut seguro.

Colombia ha vivido tres grandes crisis económicas en su historia reciente, la Gran Depresión de los años 30, el coletazo de la crisis de la deuda latinoamericana a principios de los 80 y la crisis de finales del siglo pasado. Es posible que estemos en la antesala de la cuarta.

¿Qué hacer? Habrá muchas respuestas de política pública, algunas de las cuales ya han sido planteadas por el Gobierno y otras más que seguramente están en la mesa diseño, pero hay una que merece especial atención.

A finales del siglo pasado el colapso del sistema Upac llevó a una crisis bancaria que luego repercutió en la economía real. En ese entonces algunas voces propusieron que se declarara una moratoria en los pagos, como había hecho el ministro Esteban Jaramillo durante la Gran Depresión. Esta idea se descartó porque el remedio podía ser peor que la enfermedad. Más bien se optó por crear un mecanismo de resolución expedito de insolvencia que les permitiera a las empresas, públicas y privadas, renegociar los pasivos con sus acreedores. De allí nació la célebre Ley 550.

Lo menciono porque, así como la moratoria fue una buena idea en 1931 y la 550 fue una buena idea en 1999, puede que ninguna de las dos sea una buena idea en 2020. Se trata de coyunturas económicas diferentes, de marcos legales diferentes y de causas diferentes de la crisis.

Ahora es el momento de repensar un nuevo mecanismo de restructuración de pasivos que sirva para salvar empresas - junto con el empleo y valor social que ellas generan- y no a empresarios quebrados.

La 550, en su afán por evitar el colapso económico, fue extremadamente laxa con los deudores fallidos. Los derechos de los acreedores fueron degradados hasta tal punto que se volvieron decorativos y no era inusual ver acuerdos con 30 años de duración y tasas de interés negativas. La consecuencia de esto fue la ausencia de crédito nuevo a las empresas en problemas y una tasa de fracaso en los acuerdos celebrados superior a 70%, como lo demostró un estudio de la Superintendencia de Sociedades realizado en 2013.

El nuevo mecanismo concursal de emergencia debe proteger los derechos de los acreedores, en particular aquellos que tienen garantías reales. También debe aprovechar los recursos digitales -inexistentes hace 20 años- para tramitar procesos de negociación entre las partes libres de papel y de burocracia procesal, con la participación de un mediador y con una intervención mínima de la jurisdicción.

Colombia tiene experiencia en el manejo exitoso de estas situaciones. El sistema de resolución de insolvencia colombiano -al igual que su vilipendiado sistema de salud- es uno de los mejores del mundo, como lo reconoce el indicador Doing Business del Banco Mundial. Es hora de demostrarlo.