Analistas 07/07/2020

Lo internacional exige legislación

Con la demostración de falta de preparación y experiencia para ostentar un cargo como el de cónsul, por parte de María Clara Rubiano Rivadeneira en Buenos Aires, vuelve a llover sobre mojado. La poca o nula calificación de muchos funcionarios del servicio exterior colombiano, que llegan a los cargos por recomendaciones de terceros, pagos de favores políticos o retribución por apoyo en la carrera electoral, lleva a que muchos nos indignemos frente a las acciones de este tipo de funcionarios.

Y resulta más lamentable aún que muchos de los profesionales que sí se han formado para ocupar estos cargos, terminen maltratados por la opinión pública, que ante estas actitudes generaliza inmisericordemente.

Como se supo, Rubiano, una comerciante (con código único de identificación tributaria del país austral) convertida en cónsul, sacó a flote su incapacidad para ocupar su cargo administrativo y de asistencia a los connacionales, luego de que una estudiante (Julieth Carranza) le buscara para analizar la posibilidad de una silla en un “vuelo humanitario” para regresar a Colombia. La irrazonable respuesta puso nuevamente en el ojo del huracán al servicio exterior del país: “espero que (la situación) le deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza” replicó.

No sin argumentos se demandó por nulidad (aunque no prosperara) el Decreto 157 del 22 de enero de 2018, en el que se hizo su nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

La Cónsul (de primera) de Colombia en Buenos Aires, tiene estudios para el ejercicio de compra y venta de bienes raíces, lo que para nada sirve de respaldo en el ejercicio consular. Lo que se mantiene inexplicable aún es cómo una persona con el carácter y experiencia diplomática, además del conocimiento, como María Ángela Holguín firmó un Decreto para respaldar semejante nombramiento.

En ese orden de ideas, la réplica de la funcionaria fue apenas consecuente con su proceso formativo. De acuerdo con la revisión de su perfil académico y profesional, en realidad no dedicó mucho tiempo al estudio y, sin embargo, logró la posición de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, primero, y Cónsul en Buenos Aires, después.

Por tanto, resulta apenas normal que de su actividad se desprenda el llamado a los jóvenes para que no estudien. Al fin, ella con lo poco leído, logró demasiado. Con señalar que ni siquiera necesitó aprobar el curso de ingreso a la Carrera Diplomática, por la que muchos de nuestros jóvenes profesionales se desvelan y desgastan, para seguir el camino correcto en la profesión y el ejercicio diplomático.

Una vez más, es urgente instar al Congreso de la República para que legisle prontamente con calidad y acierto en lo que respecta a los asuntos internacionales de Colombia. Si bien es cierto que en las cámaras legislativas estos temas resultan poco relevantes y que el grueso de los congresistas es desconocedor de ello, también es real que el Ejecutivo ha demostrado la suficiente torpeza para administrar en la materia, lo que obliga a reaccionar desde las posibles instancias.

Mucho se ha escrito y discutido sobre el presidencialismo de la política exterior colombiana (PEC). Lo importante realmente es que se tomen acciones frente a esa inadecuada característica de la PEC. Y la manera de lograrlo es yendo directamente a la raíz del fenómeno: una reforma constitucional que despoje al Presidente de la República del dominio y pleno control de las relaciones internacionales (política internacional y exterior), facilitará que lo anómalo de los nombramientos desaparezca.

Lo sucedido la semana pasada es, otra vez, una afrenta a los jóvenes profesionales que se preparan de manera consciente y responsable para trabajar en el servicio exterior y consular del país. En su honor debiera emprenderse una acción contundente desde las segundas comisiones del Congreso.