La tentación de gobernar sin instituciones

En tiempos de incertidumbre, las instituciones suelen convertirse en blanco de impaciencia. Se las acusa de lentas, ineficaces o desconectadas de la realidad, y frente a ellas reaparece una tentación recurrente: gobernar sin intermediarios, sin contrapesos, sin reglas que “estorben” la voluntad del poder. Ese discurso puede resultar seductor en la coyuntura, pero es profundamente equivocado y, a la larga, destructivo.

Las instituciones existen, ante todo, para dar estabilidad a una historia que es de largo plazo. Los gobiernos pasan; las instituciones permanecen. Son la memoria del Estado, el hilo de continuidad que evita que cada administración pretenda refundarlo todo. Cuando se las debilita o se las desprecia, el país pierde consistencia, vive en permanente improvisación y se acostumbra a empezar de cero cada cuatro años. No hay proyecto colectivo posible cuando el tiempo se fragmenta y la política se reduce a la urgencia.

Pero la importancia de la institucionalidad va más allá de la estabilidad. Las instituciones son el andamiaje esencial de la confianza social y jurídica. Allí donde hay reglas claras, previsibles y respetadas, la gente invierte, emprende y decide quedarse. Allí donde el derecho no depende del capricho del gobernante de turno, las personas se atreven a hacer planes, a formar familia y a apostar existencialmente por el país. Cuando esa confianza se erosiona, el daño no siempre es inmediato, pero sí profundo: se frena la inversión, se acelera la fuga de talento y la sospecha termina por instalarse como norma de convivencia.

No es casual que los proyectos personalistas y populistas -tanto de derecha como de izquierda- vean en las instituciones un obstáculo. Los contrapesos incomodan, la técnica estorba y la deliberación se presenta como una pérdida de tiempo frente a la fuerza del relato. Por eso, una de las primeras víctimas del caudillismo suele ser la institucionalidad: se descalifica a los jueces, se politizan los organismos técnicos, se hostiga a la prensa y se reduce el Estado a la voz de un solo líder.

Conviene decirlo sin ambigüedades: las instituciones no existen para impedir que se gobierne, sino para impedir que se abuse del poder. Son el dique frente a los autoritarismos y el límite que protege a los ciudadanos -especialmente a los más vulnerables- cuando el entusiasmo popular se transforma en imposición. Allí donde las instituciones ceden, el poder se concentra; y cuando el poder se concentra, la libertad se encoge.

Defender las instituciones no es conservadurismo ni miedo al cambio. Es una condición elemental de la democracia. Las transformaciones duraderas no se hacen contra las reglas compartidas, sino dentro de ellas.

La tentación de gobernar sin instituciones siempre reaparece en momentos de crisis. Ceder a ella no es audacia política, sino irresponsabilidad histórica. Porque cuando se socavan las instituciones no se debilita un aparato abstracto: se compromete el futuro común. Y los países que sacrifican sus instituciones en nombre de la urgencia o del capricho terminan descubriendo, demasiado tarde, que también han sacrificado su democracia.