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El reciente anuncio del presidente Petro desde Caracas sobre una alianza entre las empresas estatales Ecopetrol y Pdvsa para explotar petróleo y gas en Venezuela se da exactamente un mes después de que la administración Biden levantó de forma temporal las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela.
Esta decisión por parte de los Estados Unidos crea una ventana de oportunidades para que las empresas internacionales aumenten su participación en la industria venezolana, y refleja un entorno geopolítico favorable para el acercamiento económico y político entre Colombia y Venezuela.
A pesar de esto, la propuesta es riesgosa desde el punto de vista de sanciones y geopolítica (por no hablar de temas operativos, regulatorios, y comerciales), debido a que Venezuela sigue sujeta a un régimen extenso y complejo de sanciones internacionales.
En primer lugar, están las sanciones financieras, que prohíben transacciones bancarias con instituciones que aparecen en la lista de sancionados de la Ofac o las vinculadas al Estado venezolano.
Si bien en principio el alcance de estas medidas solo cubre un universo limitado de bancos, su impacto real se extiende mucho más allá de las instituciones formalmente sancionadas. Esto por el fenómeno de “overcompliance”, o sobre cumplimiento, donde los financiadores evitan cualquier transacción relacionada con Venezuela por su percepción elevada de riesgo, aun cuando no se trate de operaciones prohibidas por las sanciones.
Muchas compañías en Venezuela, con el fin de mantener continuidad en sus negocios y evitar la posibilidad de sanciones, realizan todas sus transacciones a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, Centroamérica o Europa. Este fenómeno no se disipa con el anuncio del mes pasado de la administración Biden.
Por otro lado, están las sanciones amplias contra el gobierno de Venezuela que cubren no solamente a las mismas entidades del Estado sino también a cualquier entidad controlada por o de propiedad total o parcial del gobierno, y que haya actuado, directa o indirectamente, en nombre del gobierno venezolano.
Dado los extensos intereses comerciales y financieros de funcionarios y exfuncionarios públicos en la economía venezolana, toda empresa debe mirar con lupa la estructura de propiedad, los antecedentes y los nexos políticos de cualquier socio en ese país.
Vale la pena mencionar que cuando se trata de Venezuela, el riesgo reputacional cambia pues los guiños que ha recibido por parte de Estados Unidos abren la oportunidad para realizar o pensar en negocios que van más allá del pasado y presente político del país y de alguna manera sirven como una “carta blanca” para la negociación de acuerdos y contratos.
Finalmente, las condiciones geopolíticas pueden cambiar. Si bien la administración Biden probablemente mantiene su línea de negociación y acercamiento a Maduro-y ve con buenos ojos que Colombia también estreche relaciones-no sé sabe si Biden siga en la Casa Blanca después de enero de 2025.
¿Podría Petro negociar una licencia para Ecopetrol con una nueva administración Trump?
Estas son consideraciones reales para la viabilidad de esta propuesta.
