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Un proyecto de reforma constitucional en el Congreso de la República, que busca prohibir las semillas transgénicas, prende las alarmas en el sector agropecuario.
La iniciativa que ya fue aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes pretende prohibir la siembra de semillas genéticamente modificadas en Colombia y cualquier actividad relacionada con las mismas.
Se trata de una reforma que, de aprobarse, implicaría un retroceso para el sector agrícola, más en tiempos de pandemia, en la que los países buscan afanosamente todos los caminos posibles para garantizar seguridad alimentaria y más productividad.
El país acaba de pasar los meses más críticos a causa del coronavirus, con una suficiente producción de semillas, que permitió abastecer a toda la población en el momento en que más lo necesitó. En ese abastecimiento, cobran importancia igualmente las semillas transgénicas, como es el caso de maíz, algodón y algunos tipos de flores azules.
La constitución de 1991 dio al campo colombiano valiosos instrumentos para promover investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, en aras de incrementar la productividad.
Han sido tres décadas de avance hacia una agricultura moderna, en beneficio de campesinos y empresas del sector, pero fundamentalmente de los consumidores, que, gracias a la investigación y el desarrollo tecnológico, hoy pueden contar con alimentos más nutritivos a costos razonables.
Contamos con todo un andamiaje institucional y empresarial que invierte cuantiosos recursos en investigación, mejoramiento y desarrollo de tecnologías para una agricultura más productiva y en la que, tanto instituciones públicas como privadas (Agrosavia, Centros de Investigación de los gremios productivos como Cenicaña, Cenicafé, Ceniflores, Cenicel, la Universidad Nacional de Colombia, entre otras) dedican esfuerzos ingentes. Además, se tiene una política pública orientada y regulada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Estos desarrollos no riñen con las prácticas de la agricultura tradicional. La iniciativa de avance tecnológico en el campo, coexiste y ha coexistido con la tecnología y así lo muestran las cifras.
De 7,1 millones de hectáreas cultivadas en Colombia, hoy apenas se siembran con semillas transgénicas 101.187 hectáreas con cierre a 2019, entre cultivos de flores, maíz y algodón. Los 7 millones de hectáreas restantes se siembran con semillas convencionales.
En un reciente artículo, el ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, enumeró los beneficios de las semillas mejoradas genéticamente para la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta que ayudan a “frenar la expansión de la frontera agrícola”.
Argumenta el profesor Wasserman, está técnica contribuye a detener “la deforestación, la degradación de los páramos y el uso desbordado del agua” en la producción de alimentos.
Los temores y argumentos para prohibir por ley las semillas transgénicas son infundados: no existe evidencia científica sobre perjuicios para la salud humana. Tampoco es cierto que este tipo de semillas atenten contra la agricultura tradicional.
En cambio, una eventual prohibición dejaría al país sin investigación para elevar la productividad agropecuaria y mejorar igualmente la calidad de los alimentos. Con una ley de esa naturaleza, Colombia y su agricultura quedarían en un rezago tecnológico y de costos sociales incalculables.
