Ojo con la Contraloría

Este 12 de agosto el Congreso tiene un gran reto. Elegir quien liderará la Contraloría General de la República. Esa elección no puede convertirse en un simple reparto burocrático ni en un pulso de mayorías políticas. Quien llegue a ese cargo, administra una de las instituciones más importantes del Estado: la encargada de vigilar el uso de los recursos públicos.

Precisamente por eso sorprende que, en lugar de un debate profundo sobre experiencia, resultados probados, independencia, méritos y transparencia, la discusión parece estar dominada por cálculos políticos, cuotas y vetos.

Ante semejante responsabilidad, el Congreso tiene la obligación de ir también mucho más allá de las hojas de vida y los discursos. Los colombianos merecen conocer con rigor si sobre los candidatos existen controversias públicas, investigaciones periodísticas, conflictos de interés, cuestionamientos éticos, incluso, posibles inhabilidades, que deban ser aclaradas antes de entregar semejante poder.

El Congreso no puede elegir al próximo guardián o guardiana de los recursos públicos ignorando las alertas que ya están sobre la mesa.

Durante las últimas semanas han circulado investigaciones periodísticas sobre varios de los aspirantes. Varios medios de comunicación han publicado reportajes que plantean cuestionamientos sobre relaciones políticas, posibles conflictos de interés y otras controversias que, independientemente de su desenlace jurídico, deberían ser objeto de un examen exhaustivo por parte de los congresistas.

El Congreso debe apostarle a quien pueda ganar la votación, y también a quien pueda mantenerse legítimamente en el cargo. Elegir una persona con múltiples cuestionamientos públicos o con eventuales flancos jurídicos sería abrir la puerta a una nueva batalla en los tribunales que podría desembocar, otra vez, en la interinidad de una institución que Colombia no puede darse el lujo de tener acéfala. Después de la reciente incertidumbre en la Contraloría, el país necesita un liderazgo en control fiscal cuya elección inspire confianza y ofrezca estabilidad institucional, precisamente cuando se enfrenta una estrechez fiscal sin precedentes y el reto de vigilar el uso de los recursos públicos del gobierno saliente y del que llega.

Pero quizás lo más preocupante ni siquiera sean los nombres. Lo verdaderamente inquietante es que, mientras estas controversias ocupan la conversación, también comienzan a conocerse versiones sobre un eventual veto a candidatas mujeres.

La periodista Darcy Quinn reveló en Los Secretos de La FM que existiría un acuerdo entre algunos congresistas para impedir que una mujer llegue a la Contraloría. Distintas fuentes consultadas en el Capitolio coinciden en que esa versión ha circulado en los pasillos del Congreso.

Según esa información, algunos congresistas habrían manifestado que "con las mujeres no se puede hablar ni trabajar".

Si ese criterio realmente está pesando en la decisión, sería una señal profundamente preocupante para una democracia que debería elegir por mérito, independencia e idoneidad, y no por prejuicios de género.

El país no necesita una Contraloría cercana al poder político, sino una entidad capaz de investigarlo. Tampoco necesita una elección basada en vetos, amistades o cuotas partidistas. Necesita un funcionario o funcionaria cuya independencia, experiencia y objetividad no genere dudas desde el primer día.

Por eso el llamado a los congresistas es sencillo, pero inaplazable: antes de depositar su voto, revisen las investigaciones periodísticas, examinen los documentos públicos, escuchen las explicaciones de cada aspirante y hagan las preguntas incómodas que los colombianos esperan.

Porque la Contraloría no puede convertirse en el premio de una negociación política. Debe seguir siendo el principal instrumento para proteger el dinero de todos.