El nuevo Plan Colombia está bajo tierra

Los espejos del siglo XXI ya no son de vidrio. Son drones, radares y crédito. El oro tampoco es solamente oro: ahora se llama litio, cobre, tungsteno y tierras raras.

Tras adherirse al Escudo de las Américas, el gobierno firmó en Barranquilla un memorando con Estados Unidos sobre minerales críticos. Jurídicamente son instrumentos distintos, pero políticamente pertenecen a una misma arquitectura. La seguridad vuelve a ser la puerta de entrada para ordenar nuestra inserción económica.

El primer Plan Colombia hizo del territorio colombiano el escenario principal de una guerra contra las drogas definida desde Washington. Entre 2000 y 2008 Estados Unidos aportó más de US$6.000 millones, de los cuales US$4.900 millones fueron para Fuerzas Militares y Policía.

Para entonces, el plan fracasó: en 2006 había 15% más hectáreas de coca que en 2000. Ya sabemos en qué consisten los acuerdos de seguridad con Estados Unidos: ellos fijan las prioridades y los aliados subordinados asumen la mayor parte de los costos.

El nuevo plan es más sofisticado. Ya no ofrece solo helicópteros. El memorando prevé identificar proyectos de extracción y procesamiento en seis meses y movilizar garantías, préstamos, inversión accionaria, seguros y acuerdos de compra. También contempla permisos más ágiles, precios mínimos y revisiones de seguridad nacional sobre ventas de activos mineros.

Lejos de ser una apuesta por el libre mercado, las nuevas condiciones son intervenciones para asegurarle ventajas a la industria estadounidense. Washington pone recursos públicos, reduce los riesgos de sus empresas y garantiza el acceso a los minerales que necesita.
China entendió esta disputa hace décadas. Hoy concentra cerca de 60% de la extracción y 90% del procesamiento de tierras raras, además de 80% del tungsteno mundial.

Ese dominio fue construido mediante empresas estatales, financiamiento dirigido, compras públicas e inversión en conocimiento. La Ruta de la Seda también busca mercados e influencia. Su ventaja no proviene únicamente de poseer minerales, sino de haber construido las capacidades industriales para procesarlos y convertirlos en poder económico y geopolítico.

Aquí aparece nuestra contradicción. Mientras Estados Unidos y China fortalecen sus Estados para disputar las industrias del futuro, el gobierno colombiano propone reducir el aparato estatal hasta en una cuarta parte.

Además, reaparecen las voces que plantean ideas como la venta de Ecopetrol y otras empresas estatales con el argumento de aliviar el déficit fiscal.

No se trata solo de cuánto dinero puede obtener el Estado con una venta. Enajenar empresas públicas significa desprenderse de activos estratégicos: capacidades productivas, conocimiento, infraestructura, cadenas de proveedores y herramientas para orientar la inversión.

Estados Unidos y China utilizan precisamente ese tipo de instrumentos para industrializarse y disputar sectores decisivos. Colombia, en cambio, los trata como un costo prescindible. Un Estado que no cree en el valor de lo público termina subordinando su política económica y entregando las capacidades con las que podría construir soberanía y desarrollo.

Colombia no debe escoger amo. Debe exigir procesamiento local, participación pública, transferencia tecnológica, compras nacionales y capacidades para sus regiones. Los minerales no hacen soberano a un país. Lo hace su capacidad de transformarlos.